iProfesional

Se quejaron de que el proyecto dejaría afuera de la obligación de respetar márgenes de preferencias a algunas empresas, como la petrolera estatal
15/07/2017 - 12:29hs

Varias pymes expresaron su preocupación por las demoras del Congreso en el tratamiento del proyecto oficial de Compre Nacional y se quejaron de que se dejaría afuera de la obligación de respetar márgenes de preferencias a algunas empresas, como YPF.

Así lo advirtió el presidente de la Cámara de Industrias Eléctricas y Luminotécnicas (CADIEL), Jorge Cavanna: "Por la cantidad de sujetos obligados, el margen de preferencias y ciertas características del proyecto de ley, se quedan cortos".

El empresario indicó que tal como está escrito el texto de la nueva norma "es más restrictivo que el que se está modificando" y señaló que "deja afuera a YPF y a muchas empresas más, como Edenor y Edesur, que prestan servicios públicos".

Según DyN, los representantes de Cambiemos en Diputados podrían mejorar el margen de preferencia en compras del estado para las pymes hasta el 17%, sin llegar al 25% como pretenden algunas cámaras vinculadas al kirchnerismo.

Lo que aparecen en discusión, como uno de los elementos mas fuertes es el artículo de la ley que habla sobre sujetos alcanzados, el Gobierno podría no aplicar las preferencias en las licitaciones en las que participe YPF.

El segmento del articulo 1 a cambiar dice que "la Autoridad de Aplicación podrá excluir, total o parcialmente del alcance de la presente ley, a las sociedades anónimas con participación estatal y oferta pública de acciones".

También la redacción pondría dudas sobre otros tipos de organismos estatales como Banco Central, que tiene autonomía financiera y autarquía, las provincias en lo relacionado al gasto con fondos enviados por la Nación, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, según Clarín.

En este escenario, los empresarios pyme advierten que tal como está redactada la norma las preferencias casi que se limitarían a ciertos tipos de compras de la administración pública.

Por otro lado, las empresas pretenden reducir el monto de las contrataciones que el Estado podría realizar en forma directa, que se ubica en $1,3 millones y deja afuera a las empresas mas chicas.