El juez federal de Quilmes, Luis Armella, y su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, llevan adelante investigaciones impulsadas por denuncias de la AFIP contra un conjunto de gremios acusados de operar con facturas truchas, que alcanzaron incluso al sindicato de estaciones de servicio liderado por Carlos Acuña (en la foto), uno de los tres jefes de la CGT.

Armella realizó un allanamiento al sindicato que lidera Acuña, en una megacausa que investiga una posible evasión y fraude fiscal de unos $3000 millones en unas 200 instituciones.

El procedimiento se produjo con inspectores de la AFIP y se secuestró una gran cantidad de documentación cuyo contenido no trascendió porque forma parte del secreto fiscal.

En rigor, Armella venía investigando al contador Angel Guidoccio, a quien se vincula con el titular de Boca Juniors, Daniel Angelici, allegado al presidente, Mauricio Macri.

La causa se originó hace un año por una denuncia de la AFIP. La Casa Rosada conocía la investigación y el operativo que se hizo en la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (Foesgra).

"En realidad se allanaron varios gremios vinculados al estudio contable de Guidoccio y dicen que hay intención de perseguirlos, pero es un tema de la AFIP", dijo un ministro al diario La Nación.

Según fuentes del juzgado de Armella, el foco investigativo es una organización de facturas apócrifas que fueron distribuidas entre empresas, sindicatos, organismos oficiales e instituciones.

En mayo último, por la misma causa, hubo allanamientos en el Ministerio de Economía del gobierno de Santiago del Estero que dirige Claudia Ledesma, y en dos ministerios bonaerenses, el de Producción y la dirección de Cultura y Educación, de la gestión de María Eugenia Vidal.

La red nutriría de facturas truchas a otras dependencias en Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Neuquén y Río Negro, según la investigación.

Paralelamente, en junio, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, hizo unos 200 allanamientos por facturación apócrifa, entre ellos el del sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano.

En marzo, en otra causa, la misma magistrada había secuestrado documentación del gremio gastronómico, de Luis Barrionuevo, que está analizando la AFIP por facturas truchas y posible violación a la ley penal tributaria.

Fuentes judiciales no descartaron que en los próximos días Acuña sea imputado. No está definido el delito. Podrían ser evasión o fraude fiscal. 

"Es una denuncia contra empresas y vinieron a pedir unas facturas, las entregamos y está todo bien", señaló a La Nación.

"No es una causa contra el sindicato. En dos años que buscaron hay siete u ocho facturas de servicios que están autorizadas por la AFIP, con comprobantes de pago. Nuestra área contable antes de hacer un pago consulta siempre con la AFIP y ésta dice si es buena o no", agregó el jefe de estacioneros. 

"Estamos absolutamente tranquilos, en todo caso el que tiene problema es la AFIP, porque si ellos te autorizan...", agregó.

Según señalaron fuentes de la AFIP, las facturas pueden haber sido legalmente impresas, pero ello no significa que el proveedor sea o no apócrifo al momento de expenderlas.

Según fuentes judiciales, también podría existir el delito de asociación ilícita imputable a la organización dedicada a hacer facturas truchas. En la causa hay indicios de que se valieron de personas indigentes, a los que se pagaban 400 pesos, para conformar sociedades y hacer facturas ficticias para empresas, sindicatos u otras organizaciones.