En plena campaña electoral, la oposición santacruceña denuncia que el dinero de su provincia se utiliza para la candidataura de Cristina Kirchner en Buenos Aires.

Lo cierto es que la actual crisis financiera en territorio K pone de manifiesto el constante sangrado de las arcas fiscales hacia otros destinos. 

Entre las irregularidades se destacan, tercerizaciones oscuras, contratos fantasmas de empleados que viven en Buenos Aires, compras de insumos y equipos que no aparecen así como dinero de cuentas especiales que se evapora en la cuenta oficial de gastos ordinarios.

Con este marco, una seguidilla de denuncias se acumulan en Tribunales y los pedidos de informe se amontonan en la Legislatura provincial.

En SaludEn abril se presentaron en la Justicia dos denuncias vinculadas a Salud, la cartera que dirige Rocío García, esposa de Máximo Kirchner.

La primera fue por haber triangulado la contratación de personal para el Hospital Fernando Peliche a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sede Santa Cruz.

Se trata de un procedimiento similar al que llevó a la Justicia a investigar al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por la triangulación con la UTN y el yacimiento de Río Turbio.

Según la acusación, una auditoría del Tribunal de Cuentas provincial detectó que en 2016 se triangularon $36 millones a través de la UTN (una universidad que en la provincia no tiene carreras médicas ni afines) para contratar personal médico y administrativo bajo la categoría de monotributistas sin ningún tipo de control y violando la ley de contrataciones laborales.

Según la denuncia se “violó el régimen de contrataciones y configuró un presunto desvío de poder al utilizar mecanismos de contratación y excepciones al mismo”.

El personal era contratado y sus facturas de monotributistas abonadas a través de la UTN Santa Cruz, que cobraba un 10% del total por la intermediación.

La investigación también determinó que con la triangulación de contratos se generó “una delegación formal de competencias del Ministerio de Salud y el renunciamiento a los mecanismos de control que le son propios”.

A eso se suma precarización laboral, delegación y ausencia de control en los servicios de salud, y desvío de fondos hacia la UTN.

En el mismo mes se presentó otra acusación, esta vez por un contrato de casi $40 millones para el mantenimiento de los hospitales provinciales.

Se trata de Panel Tech, una sociedad anónima sin antecedentes ni empleados a la fecha de contratación y no inscripta en el Registro de Proveedores del Estado provincial al momento de la contratación.

La empresa cotizó un presupuesto mensual de $790.000 por el mantenimiento de once dependencias del Ministerio, entre ellas el hospital de Río Gallegos.

Para el mantenimiento del hospital de Las Heras el costo que se pasó fue de $760.000, es decir, apenas $30.000 menos por un solo hospital.

En total, el contrato anual le costó a la provincia de Santa Cruz $39.8 millones (40 millones era el tope para este tipo de contrataciones).

La denuncia dice que “se desconoció el procedimiento de licitación pública exigido”, entre otras irregularidades administrativas.

De acuerdo a la legislación, según la acusación, cualquier contratación superior a los $400.000 obliga a un llamado a licitación pública.

El funcionario que firmó el contrato es el abogado Marcelo Bersanelli, cuñado de Rocío García y quien está muy cerca de ser designado juez por la gobernadora Alicia Kirchner.

En EducaciónEl área de Salud no es la única señalada por la oposición.

En el área educativa -Santa Cruz es la única provincia del país donde las clases no empezaron (este miércoles estaba acordada una reunión paritaria que el Ejecutivo provincial suspendió)- también hay denuncias.

La mayor también proviene del Tribunal de Cuentas e involucra al Consejo de Educación provincial por la compra de estufas y equipos de calefacción para las escuelas de la provincia por cerca de $2 millones.

Las estufas no aparecieron. Tampoco las facturas ni la plata.

La oposición ha hecho pedidos de informes -todavía no hay una denuncia presentada- para conocer el destino de los fondos que establece la ley de Financiamiento Educativo.

Además apunta a las contrataciones de la gobernadora y al uso “militante” de los subsidios.

La diputada provincial Roxana Reyes, de las filas del radicalismo y vinculada al ex candidato a gobernador Eduardo Costa, hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer el estado de cuenta del Fondo Fiduciario Unirse, una partida destinada emprendimientos productivos y formada con aportes de mineras, para saber qué proyectos financió y por qué montos.

Llamativamente, no se conoció el último informe semestral que debió haber detallado el dinero depositado ni se formó la Comisión de Control que debió haber auditado los usos de ese dinero.

Fuentes de las mineras radicadas en la provincia denunciaron que la plata se usa para subsidios individuales de unos $5.000 mensuales que reparte el gremio de la construcción entre sus obreros para pagar una “fuerza de choque” con la que cuenta Alicia Kirchner, y que moviliza cada vez que las protestas sociales la amenazan.

En este orden de cosas, según denunció Costa: “Desde que asumió Alicia Kirchner la planta de trabajadores provinciales creció en 3.000 personas, muchas de las cuales trabajan en el conurbano para ellos, al mando de Máximo Kirchner”, aseguró.

Encontraron casos que de personas con domicilios en lugares como Hurlingham, Moreno y La Matanza. En realidad, el actual diputado reclama desde el año pasado al Ejecutivo provincial la nómina de nuevas contrataciones, y después de la negativa oficial se presentó en la Justicia.

Según publicó borderperiodismo, Costa recordó que, por ejemplo, Santa Cruz se desempeñan como “asesores letrados” con sueldo provincial, los abogados Eduardo Barcesat y Graciana Peñafort, ambos integrantes de la defensa de Cristina Kirchner en Tribunales porteños.

Y objetó los argumentos de la gobernación de “falta de dinero” para justificar la crisis provincial.