En lo formal fue una jornada de debate sobre el trabajo en América Latina. Pero en los hechos la convocatoria impulsada por el kirchnerismo este jueves en el Congreso sirvió de plataforma para presentar su estrategia "transversal" -y de campaña- para enfrentar la reforma laboral que avanza en Europa y que ahora, tras los cambios en Brasil, podría tocar las puertas de la Argentina después de las elecciones de octubre.

Durante el debate la oposición liderada por Cristina Kirchner delineó su iniciativa para "ponerle límites a la derecha" en cuatro terrenos en simúltaneo: 1) el electoral, con eje en la provincia de Buenos Aires; 2) el Parlamento, para proteger los derechos adquiridos; 3) el diplomático, donde se alientan acciones comunes con el Frente Amplio de Uruguay y el lulismo en Brasil; y 4) el sindical-social, de la mano de las CTA, los movimientos sociales y parte de la CGT para ejercer presión en las calles.

Ese fue el objetivo implícito que sobrevoló la charla organizada por el titular del bloque de Diputados por el Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde, junto a legisladores, sindicalistas y juristas cercanos a la oposición en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados. Allí, además, alternaron gestos de preocupación por la ofensiva "flexibilizadora", cuestionamientos a la CGT y llamados a la unidad, con expectativas moderadas en los comicios próximos.

"El retroceso que se está viendo en los derechos laborales no solo en la región sino en todo el mundo nos obliga a agudizar la imaginación", reconoció Recalde en la apertura de la actividad, que comenzó a pasadas las 10.30 de la mañana y concluyó alrededor de las 18. En efecto, el espacio liderado por exabogado de Hugo Moyano ya presentó proyectos, todos con un objetivo en común: evitar cambios en la actual normativa y en los convenios colectivos vigentes.

Esa vía fue una de las "herramientas" para resistir a la "derecha" y resguardar derechos adquiridos, que se mencionó en el panel integrado por el exministro de Trabajo y actual presidente del FpV en la legislatura porteña, Carlos Tomada, y el subresecretario de Trabajo de Uruguay, Nelson Loustaunau; los legisladores Carlos Heller, Edgardo Depetri y Axel Kicillof; y los sindicalistas Sergio Palazzo (La Bancaria), Carlos Minucci (Profesionales de Servicios de Energía), Estela Díaz (CTA), y Maria de Graca Costa (CUT Brasil), entre otras figuras. Además participaron el juez laboral Luis Raffaghelli y el exmagistrado Juan Carlos Fernández Madrid.

En su diagnóstico de la situación, Tomada destacó las "transformaciones" comunes de los últimos 15 años en la región a partir de un escrito del vicepresidente boliviano Alvaro García Linera, pero advirtió que "la redistribución del ingreso a favor de los sectores populares" está sufriendo un momento de inflexión a partir de la "disputa" entre dos modelos, que tendría como principal escenario al mundo del trabajo.

"Hay una rebelión de los poderosos frente a la pérdida de poder de los últimos años, eso es lo que no pueden soportar", afirmó el ex funcionario durante su exposición.

Previamente habían circulado unas carpetas con el sello del FpV entre los invitados, con datos de la CEPAL y OIT que mostraban un empeoramiento del PBI -paradójicamente- desde 2010, atribuido a la "crisis del capitalismo" de 2008, y de las variables laborales desde 2013 (empleo, ocupación, desocupación y salarios). "Lo único que tiene la derecha para ofrecer es flexibilidad y precarización", alertó Tomada, para luego advertir que "la reforma laboral está en todos los medios pero el Gobierno ha decidido no hablar de eso en las elecciones".

Y a continuación esbozó lineamientos del libreto que adoptará la oposición de cara a octubre, en un escenario que se vislumbra de mayor polarización y en el que la cuestión laboral será una carta clave a jugar por el kirchnerismo. "Hay que construir una política contra hegemónica sino el futuro no va a ser venturoso, eso es lo que está en juego en el proceso electoral y eso implica que tenemos que confrontar ideológicamente con el neoliberalismo, para lo que contamos con el movimiento obrero", aseguró.

Lucha por la agenda

La movida opositora coincidió ayer con el "blanqueo laboral" que presentó al mediodía el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en una reunión en el Congreso con la tropa de senadores y diputados oficialistas. El funcionario pasó revista sobre sus proyectos laborales -sin tocar una posible reforma- y las conversaciones que retomó con la cúpula de la CGT para congelar el paro previsto a fin de mes, luego de que el Ejecutivo apartara a dos funcionarios cercanos al sindicalismo en respuesta a la última medida de fuerza encabezada por la central obrera en Plaza de Mayo.

Mientras tanto, en la planta baja el kirchnerismo intentaba decodificar las señales recientes envíadas por el propio Presidente y sus funcionarios (contra las "mafias" sindicales, jueces y leyes laborales) como parte de un panorama sombrío. Pese a las ambigüedades -semanas atrás el ministro de Producción Francisco Cabrera negó la posibilidad de implementar una reforma laboral-, la oposición K espera fuertes cambios en la legislación del trabajo.

"No va a venir a invertir las empresas a menos que se les dé condiciones de tal precariedad que los costos los tienten", señaló el legislador Heller. El también empresario del Banco Credicoop despotricó contra el modelo de la "maquila" consagrado por el Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos (NAFTA) y enfatizó las coincidencias de Macri con el Gobierno español, al que responsabilizó por la flexibilización del mercado de trabajo, donde en la actualidad solo 7,5% de los contratos son por tiempo indefinido, según datos citados por el diputado.

El pronóstico opositor también incluye como blanco de la ofensiva a las organizaciones sindicales. "No vienen solo por la flexibilidad, vienen por los sindicatos, las obra sociales, los jubilados y los trabajadores", señaló a su turno el sindicalista Minucci . En esa línea, el líder de los jerárquicos de la energía apuntó contra Azopardo, donde -señaló- hay sectores que "frenan" los reclamos sindicales y recordó al respecto la actitud de la CGT luego de realizar un acto masivo el año pasado para impedir el veto a la Ley antidespidos, que finalmente Macri llevó adelante.

"La CGT no salió a enfrentarlo y producto de eso tuvimos despidos intensivos", afirmó. Aunque admitió que la Corriente Federal de Trabajadores, a la que él pertenece y es liderada por Palazzo, "está en condiciones de desigualdad" para imponer un planteo más duro.

En la misma línea, el diputado Grana señaló que "una parte de la dirigencia gremial permanece neutralizada", pero se mostró más optimista al rescatar que en los últimos 18 meses hubo "acciones masivas y de fuerte corte opositor más allá del interés de los dirigentes" e identificó en ese sentido un proceso de "dualidad" entre bases y cúpula en gremios como construcción, petroquímicos y alimentación. Al tiempo que catalogó la reforma impositiva como un complemento necesario de los cambios en materia laboral.

Fue el viceministro de Trabajo uruguayo quien más énfasis puso en el peligro que representa para los gremios la reforma laboral. En medio del enfrentamiento abierto que mantiene dentro del Mercosur su gobierno con los cambios que impulsa Brasil, Loustanau afirmó que la avanzada apunta a la "desaparición de los sindicatos", mediante su desfinanciación y el ataque a la libertad sindical, incluido el derecho de huelga. Y llamó la atención sobre la actitud "dubitativa" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por problemas internos.

La reforma carioca aprobada este año modificó 120 artículos de la legislación laboral con el objetivo de flexibilizar las condiciones de trabajo y reducir los costos empresarios, mediante el abaratamiento del despido, el incentivo de figuras autónomas o contratos basura, la tercerización indiscriminada, y la descentralización total de la negociación colectiva, favoreciendo los contratos individuales en desmedro de los convenios colectivos y la Ley de Contrato de Trabajo.

A tono con los cambios en el país vecino, que desencadenaron fuertes protestas y profundizaron aún más la impopularidad del gobierno de Michel Temer, el panel en Diputados vinculó los proyectos oficialistas en el ámbito laboral con la presunta necesidad del Gobierno de una "restricción" de las libertades sindicales y de los derechos humanos en perjuicio de las garantías democráticas.

"Es un momento de gravedad, para los sindicatos, los activistas sociales, los jueces, abogados y la Ley de Contrato de Trabajo", dijo Fernández Madrid, quien aprovechó para preguntar "Dónde está Santiago Maldonado".