La reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) que fue sancionada a principios de año por el Congreso muestra escenarios dispares en las distintas provincias.

Es que al tratarse de una norma de adhesión cada legislatura provincial debe aprobar una ley para que comience a aplicarse en su territorio y, hasta ahora, pocas lo han hecho.

Esto significa que mientras en la Ciudad de Buenos Aires –único territorio en que la ley comenzó a aplicarse apenas se oficializó en el Boletín Oficial de la nación- la cantidad de demandas que recibieron las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) va en descenso, en otros lados, como en el territorio bonaerense, ese total aumentó exponencialmente.

De acuerdo a un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), fue notoria la baja interanual de juicios notificados a las ART en la Ciudad (-24%), pero se exacerba el aumento en la Provincia, ya que allí subió 58%.

En este último lugar está pendiente la adhesión a la Ley Nacional, que si bien tiene media sanción en Diputados, sigue a la espera de tratamiento en el Senado provincial.

En tanto, la legislatura de Córdoba adhirió a la Ley 27.348 el pasado 24 de mayo y ya reglamentó la norma que tendrá aplicación plena desde el próximo viernes.

Otras jurisdicciones como Santa Fe y Mendoza, también registran baja en las notificaciones, del orden del 17% y 11%, respectivamente, aunque el trámite de adhesión todavía no se realizó.

De esta manera, el total país cae 5% interanual tomando como referencia al mes pasado, y el acumulado en los primeros ocho meses de 2017 contra idéntico período del año anterior aumenta 15%.

Según datos de la UART, hay más de 1.000 casos homologados en sede administrativa y del total de trámites ingresados el 96% termina en acuerdo.

En los casos con acuerdo, el trámite completo (desde que se presenta en la Comisión Médica hasta que se paga) insume un total de 40 días, remarca la entidad en un comunicado de prensa.

También pide que las provincias adhieran a la Ley Nacional, lo que implicaría:

1) Instaurar el procedimiento administrativo previo en las Comisiones Médicas, para evaluar las dolencias de las personas.

2) La regulación de honorarios de los peritos en función del trabajo realizado y no de un porcentaje del resultado del juicio.

3) La utilización de la Tabla de Evaluación de Incapacidades (Baremo) prevista en la Ley 27.348, a fin de objetivar el porcentaje de incapacidad correspondiente a cada daño y que todos los que tengan la tarea de dirimir una controversia (en sede judicial o administrativa) utilicen la misma vara para todos los trabajadores.

De esta forma, considera que se equipararán los criterios jurisprudenciales, lo que ayudará a reducir la litigiosidad.

En el mismo comunicado, también destaca que solo el 10/15% de los trabajadores solicita patrocinio gratuito a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) mientras que el resto viene con su propio abogado.

Asimismo, la UART remarca que –al contrario de lo sostenido por abogados laboralistas- la resolución SRT 298/17 estipula que las comisiones médicas (CCMM) que tienen una serie de facultades procedimentales acerca de la prueba y su consideración no solo están integradas por médicos sino que también están integradas por abogados que opinan acerca de las cuestiones de índole legal, como así también por el servicio de homologación, cuyo titular es también abogado.

Este es quien “en definitiva emite el acto administrativo definitivo que pone fin a la etapa administrativa y que decide acerca de todas las cuestiones sometidas a las comisiones médicas, tanto de índole médica como jurídica. Debe explayarse asimismo acerca de la legalidad del procedimiento como de la pertinencia del dictado de la resolución definitiva”, agrega la entidad.

El caso cordobés

El viernes entra en vigencia en la provincia de Córdoba la ley 10.456 que adhiere la ley nacional 27.348.

Tanto la provincia de Córdoba como la SRT supervisarán el funcionamiento de las comisiones médicas radicadas allí en referencia a los trámites de determinación del carácter profesional de la enfermedad o contingencia, la determinación de incapacidad, y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la ley sobre riesgos del trabajo.

Pero, de acuerdo al abogado laboralista Horacio Schick hay “notables diferenciaciones y particularidades que deben ponderarse frente al hecho más gravoso de adhesión lisa y llana propuesto inicialmente por el Gobierno nacional”. 

Por ejemplo, en vez del recurso restrictivo del artículo 2 de la 27.348, con efecto suspensivo (lo que obliga al trabajador disconforme a esperar la resolución judicial para cobrar sus acreencias), en la provincia, el damnificado podrá cobrar a cuenta y esperar la resolución judicial. Luego podrá percibir la diferencia o pagar lo que resulte si es que pierde el juicio.

Agotada la vía de las comisiones médicas, el damnificado tiene el plazo de 45 días para promover la acción ordinaria laboral de la ley procesal del trabajo provincial. 

“Se constituirán tantas comisiones médicas como cabeceras de cada circunscripción judicial existan. Se garantiza que trabajador no tenga que deambular por lejanas jurisdicciones judiciales”, agregó Schick a iProfesional.

“Dentro del contexto regresivo de la 27.348, la ley provincial 10.456 pone límites importantes sobre todo al recuperar la acción judicial plena una vez agotada la vía de las comisiones médicas a las que se atribuyen exorbitantes funciones jurisdiccionales que ahora podrán ser revisadas y aún dejadas de lado por la acción judicial plena recobrada por la ley cordobesa”, concluyó Schick.