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Juez Otranto: "La RAM tiene capacidad para generar atentados de manera coordinada"

18-09-2017 El magistrado que investiga la desaparición de Santiago Maldonado criticó la "utilización política" del caso y aseguró que "la hipótesis más razonable es que se ahogó". Además, valoró las declaraciones de los gendarmes y descartó que el joven haya sido herido por la fuerza de seguridad
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El juez federal de Esquel Guido Otranto, a cargo de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, sostuvo que la hipótesis de que el joven se pudiera "haber ahogado es una de las opciones" que le parecen "más razonables".

"La hipótesis de que se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy realizando", explicó el magistrado.

Otranto, quien días atrás fue recusado por la familia de Maldonado, quienes están disconformes con su investigación, señaló que se está "rastrillando el río" Chubut, pero aclaró que no quiere "aventurar una hipótesis como la más certera".

Según testigos mapuches, el joven artesano llegó hasta el afluente pero no se animó a cruzarlo, por lo que fue alcanzado y detenido por los efectivos de la Gendarmería que estaban desalojando la protesta de la que él participaba en la Ruta 40.

"No le encuentro consistencia a que fue capturado en ese lugar. En las declaraciones de los gendarmes tampoco estoy viendo que haya por ahora un elemento que me permita sostener que pudo haber sido herido de gravedad o algo por el estilo", precisó el juez durante una entrevista con La Nación.

Y agregó: "Un río de Patagonia es un río complicado. No es una opción descabellada o que haya que descartar sin hacer un rastrillaje profundo de ese río".

Por otra parte, Otranto ratificó que Maldonado estuvo durante la manifestación mapuche el pasado primero de agosto, tras las versiones que proponían que pudo no haber llegado hasta Chubut, al señalar que al artesano "lo identifican tres personas" y que no tiene "elementos para dudar de que haya estado allí".

Además, el magistrado se refirió a las declaraciones que le tomó a los efectivos de seguridad que participaron de aquel operativo en la ruta 40 y explicó que "en el aspecto más trascendente no hay fisuras" entre lo que relataron.

"Es muy difícil. Declararon 20 gendarmes. Que todos se hayan puesto de acuerdo es poco probable. En algún punto las diferencias de visión y de datos surgen en una testimonial, no lo descarto. Pero no estoy encontrando nada que me esté haciendo sospechar que hay un armado previo en sus declaraciones", consideró.

Finalmente, cuestionó a los abogados querellantes al acusarlos de que "lo único que tienen son críticas a la investigación, pero aportes de testigos, ninguno".

"Lo que pasa es que tenemos muy pocos testigos. Por eso insisto en que vengan los testigos presenciales. Hay un ofrecimiento para que se acojan al programa de Verdad y Justicia, para acompañar a los testigos o víctimas de violaciones de los derechos humanos, para que puedan comparecer con determinados recaudos a las instancias judiciales", detalló.

Violencia mapuche
El juez defendió la "seriedad" de la instrucción que está llevando adelante y cuestionó la dura postura de los organismos de Derechos Humanos y de la familia de la víctima.

Y manifestó reparos respecto a la colaboración de los mapuches.

"Tengo muchas dudas sobre las tres prendas que nos dieron como que eran de él. No se explica que tengan olor a diferentes personas y sobre todo que haya habido olor a esas tres personas el 16 de agosto, cuando ya habían pasado 15 días de la desaparición. La interpretación que a mí me da el guía de los perros es que el rastro de olor no perdura más de 24 horas", explicó.

Además, criticó la "utilización política" del caso, aunque descartó que todo haya sido una maniobra especialmente implementada para influir en las elecciones: "A la comunidad les falta uno, eso hasta ahí me parece verosímil".

En cuando a los vínculos entre la comunidad Pu Luf y la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), el juez afirmó que el grupo violento "opera en varios lugares y tiene capacidad de generar atentados de manera coordinada".

En una entrevista que concedió a La Nación, explicó que es un "asunto muy preocupante que trasciende la figura de Jones Huala (líder detenido).

Y agregó: "Todos los ataques son en zonas rurales y no quedan rastros. Ni llamadas telefónicas, ni cámaras de seguridad, o testigos presenciales. Tienen una modalidad de ataque muy difícil de investigar".

 

 

 

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