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La Justicia lo investiga por las compras de gas licuado al exterior e integra la lista de 23 sospechados junto al ex ministro K
22/10/2017 - 13:59hs

Los procesamientos judiciales caracterizan a José Roberto Dromi. Este miércoles integró la lista de 23 procesados, sin prisión preventiva, sospechados de “maniobras defraudatorias de importación de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2015”.

Se estima que el perjuicio al Estado fue de 7.000 millones de dólares y por esta causa fue detenido el jueves el ex número 2 del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

Las oficinas del estudio de Dromi en Buenos Aires fueron allanadas por la Policía Metropolitana. La causa está a cargo del juez Claudio Bonadio.

El magistrado sostiene que existió una maniobra de sobreprecios por la importación de GNL en 497 buques que arribaron a los puertos de Bahía Blanca y de Escobar. Bonadio procesó y pidió el desafuero del ex ministro y actual diputado del Frente para la Victoria, Julio De Vido. 

Éste evalúa renunciar a su banca antes de que -el próximo miércoles- la Cámara analice esta solicitud y otra anterior con pedido de detención del juez Luis Rodríguez en una causa por sobreprecios en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

La investigación por las compras de GNL se inició hace tres años a instancias de los dirigentes macristas Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, actuales titulares de la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Seguridad y senador nacional del Pro. 

La denuncia se originó -justamente- por una entrevista del propio Dromi. “Yo hacía el armado técnico-jurídico. Durante mucho tiempo trabajamos muy bien con De Vido”, dijo.

Pero cuestionó “el modo en que Argentina compra gas” porque “no se ajusta a derecho”. Y disparó: “YPF tiene procedimientos para contratar en secreto y Enarsa no. Pero Enarsa pone el dinero. Paga Enarsa pero contrata YPF”, resumió.

Abogado especialista en derecho administrativo con medalla de oro y mejor egresado a los 21 años, Dromi alcanzó el doctorado en Ciencias Jurídicas a los 29 con su tesis “La licitación pública”.

Fue conjuez de la Corte, asesor de reformas constitucionales, redactor de proyectos legislativos en Mendoza, Neuquén, Chaco, Chubut y Jujuy, autor de 19 libros de derecho administrativo y profesor universitario en Mendoza, Buenos Aires, Madrid, París, Lima y Bogotá. 

Durante el proceso militar fue por seis meses intendente (comisionado) de la Ciudad de Mendoza. Y bajo la presidencia de Carlos Menem, ministro de Obras y Servicios Públicos a cargo de las privatizaciones.

Sufrió procesamientos y condenas judiciales por una venta de terrenos de Radio Nacional en Tucumán y por sobornos en la concesión de peajes para autopistas. 

Actualmente asesora a empresas internacionales proveedoras de gas licuado en América Latina como Gas Natural de España y Glencore en Uruguay y en Brasil.