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Cerró el año en el Congreso y faltaron aprobar leyes: ¿cómo sigue la agenda legislativa según el plan de Macri?

El presidente Mauricio Macri convocará a sesiones extraordinarias para tratar la aprobación del Presupuesto 2018 y el paquete de diversas reformas
01/12/2017 - 11:41hs
Cerró el año en el Congreso y faltaron aprobar leyes: ¿cómo sigue la agenda legislativa según el plan de Macri?

Las sesiones ordinarias del Congreso ya terminaron. Ahora será el turno del presidente Mauricio Macri de emitir un decreto convocando a extraordinarias.

Es que ambas cámaras deben tratar, al menos, la ley de Presupuesto 2018 para cumplir con la Constitución Nacional. Además, hay otras propuestas que el Gobierno quiere que se transformen en ley para poder llevar adelante su plan de política económica.

La idea del oficialismo también es debatir el paquete de reformas tributarias, previsionales y laborales, revalúo de los balances empresarios, Pacto Fiscal y Consenso Fiscal. Además, buscará sumar otras iniciativas.

A partir del 10 de diciembre, Cambiemos pasará de, al menos, 86 a 108 diputados y de 16 a 24 senadores, por lo que el panorama para el Gobierno se muestra alentador. Los resultados de las elecciones del pasado 22 de octubre no le darán al oficialismo la mayoría dentro del Congreso, pero sí le permitirán negociar leyes importantes.

A partir del recambio, las miradas estarán puestas sobre el desempeño de la expresidenta Cristina Kirchner, quien asumirá la banca por la minoría de la Provincia de Buenos Aires.

En este punto, habrá que ver cómo se reorganiza el peronismo, ya que llega enfrentada con el actual jefe del bloque del Partido Justicialista (PJ)-Frente para la Victoria (FpV), Miguel Pichetto, quien le recomendó armar un bloque propio. De todas maneras, en algo coinciden: ambos rechazaron la reforma laboral que el Gobierno acordó con la CGT.

En principio, en Diputados, el presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina -que será confirmado en ese cargo-, convocará para el lunes 11 de diciembre a tratar todo el paquete económico que tiene origen en ese cuerpo como Presupuesto, reforma tributaria y revalúo, y también los acuerdos fiscales con las provincias.

Con la nueva conformación parlamentaria, el 13 de diciembre, se llevaría a cabo una sesión en la que el oficialismo planea debatir ese día -al menos- el Presupuesto 2018 y la reforma previsional, que fue aprobada durante la madrugada del jueves por el Senado. 

De todas maneras, ya hay algunos diputados oficialistas que levantan la voz para cuestionar la propuesta, ya que consideran que es “inconstitucional” porque afecta derechos de jubilados, que verán reducidos sus haberes en más de 500 pesos. En caso de efectuarse una modificación, debería volver al Senado.

Ese día, también tratará de aprobar las leyes de responsabilidad y consenso fiscal.

En Diputados

Si durante las sesiones extraordinarias la propuesta de reforma previsional se transforma en ley, las jubilaciones se calcularán en un 70% en base al índice inflacionario, y un 30% según el nivel de variación salarial (RIPTE). El texto original contemplaba sólo el factor de la suba de precios y un plus por PBI, que el peronismo consideró insuficiente.

En tanto, el proyecto de Pacto Fiscal, firmado en Casa Rosada el pasado 16 de noviembre, busca terminar con la disputa por el Fondo del Conurbano y reducir la presión tributaria en un lapso de cinco años.

Por su parte, la ley de Responsabilidad Fiscal -que forma parte del Consenso Fiscal- apunta a poner un límite al crecimiento del gasto en las provincias, diferenciando entre las que tienen superávit y aquellas que tienen déficit. 

Entre los diversos proyectos que se debatirán, y cuya lista terminará de definir el presidente, se podrían incluir los proyectos para penalizar el acoso callejero, el de presupuestos mínimos de calidad acústica y el uso obligatorio de lámparas halógenas, que ya tienen dictamen de comisión.

En el Senado

En la cámara alta, el oficialismo buscaría sancionar una nueva Ley de Defensa de la Competencia. El proyecto aprobado en Diputados salió de la unificación de los textos de Mario Negri y Elisa Carrió

La norma busca castigar la cartelización, a través de nuevas sanciones, y crea la Autoridad Nacional de la Competencia, que estará conformada por un Tribunal y dos secretarías. A pedido de la oposición, el oficialismo aceptó en la discusión en particular una serie de modificaciones.

También podría incluirse en el temario la ley de financiamiento productivo y mercado de capitales. La primera apunta a contar con nuevas herramientas para financiar a las pymes, como la emisión de facturas de crédito que podrán venderse y el apuntalamiento del mercado de hipotecas. 

Además, el proyecto deroga el artículo 20 incluido en la ley aprobada durante el kirchnerismo por el que se habilitaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a intervenir en empresas cotizantes en el mercado de capitales.

El proyecto de régimen de “Compre Argentino”, que amplía los márgenes de preferencia sobre los bienes de origen nacional, también deberá ser votada por el Senado.

El Gobierno también quiere que se apruebe un nuevo régimen de subrogancias para la justicia nacional y federal y que se derogue la ley 27.145, aprobada durante el kirchnerismo y considerada inconstitucional por la Corte Suprema en 2015.

El texto aprobado establece que “los magistrados subrogantes y los conjueces deberán ser siempre elegidos por sorteo”.

La intención de Cambiemos es incluir, además, la iniciativa que prohíbe que dirigentes condenados, aunque sin sentencia firme, puedan presentarse como candidatos a cargos electivos, tanto en las elecciones primarias como en las generales y la denominada ley de alquileres.

El texto a debatir que este supuesto se extiende “desde que exista sentencia condenatoria en cualquier instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

Debido a que se levantó la última sesión ordinaria de Diputados, también podría tratarse durante las extraordinarias el proyecto sobre la responsabilidad por daños de los buscadores de Internet, que ya tiene media sanción del Senado.