A los casi $10.000 millones que le reclama la AFIP a Cristóbal López por la no transferencia de lo recaudado por un impuesto a los combustibles, el Gobierno le suma otros casi $4.000 millones por incumplimientos en la concesión de la autopista Richieri.

Se trata del monto que desde el Ministerio de Transporte calculan como deudas que acumula la empresa AECSA por multas impagas y la no transferencia a las arcas del Estado nacional del dinero afectado al Recurso de Afectación Específica (RAE) para la realización de obras en rutas nacionales.

Según consta en el Decreto 1010/2017 firmado por el presidente, Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y publicado en esta fecha en el Boletín Oficial de rescisión del contrato de concesión de la empresa creada por Cristóbal López, cerca de $598 millones corresponden a ese fondo, mientras que los otros $3.200 millones son sanciones impagas con sus correspondientes intereses.

AECSA tomó la operación de la autopista que une las localidades bonaerenses de Cañuelas y Ezeiza el 21 de enero de 1994, y el empresario kirchnerista compró la sociedad en 2013 a los antiguos concesionarios en 2013 por $55 millones. Tras su desembarco, el 70% del capital de AECSA pasó a manos de Esuvial, sociedad a su vez propietaria de la empresa constructora CPC, con la cual Cristóbal López logró ganar varias concesiones de obras públicas, incluso durante el actual gobierno de Mauricio Macri.

En abril del año pasado, la empresa no logró cerrar un acuerdo de revisión integral de su contrato de concesión del Acceso Riccheri, luego de una auditoría realizada por el Órgano de Control de Concesines Viales (OCCOVI) en el que se verificaron reiterados incumplimientos a las condiciones de mantenimiento, conservación y explotación de la autopista.

La investigación motivó el labrado de 69 actas por todos los incumplimientos y generó a su vez la intervención de AECSA por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por 120 días pero que fue prorrogada por varios períodos más. El trabajo de la administración derivó en tres informes con el análisis de la información histórica a partir de datos extraídos de los balances de AECSA, como así también de los informes contables, extra contables, contractuales, de gestión, fiscales, de auditoría de circuitos e información de respaldo y operativos, con datos suministrados por la concesionaria a partir de pedidos de información efectuados por los interventores.

El resultado de esos trabajos demostró, según se desprende del decreto, "alto grado de inconsistencia y baja confiabilidad en la información; riesgos potenciales para los usuarios ante la falta de inversión y el deficiente servicio; giro comercial con capital de trabajo negativo; patrimonio neto, también negativo". Demostró además la falta de depósitos del RAE; incumplimiento de los procedimientos exigidos por el contrato de concesión; falta inversión y mantenimiento que ponen en riesgo la operación de la Concesión.

Se detectaron además fuertes deficiencias en el estado de conservación y mantenimiento del Acceso Riccheri que derivaron en el labrado de 105 actas de infracciones por banquinas pavimentadas en mal estado; baches; deficiencias en mantenimiento de alcantarillas, desagües; elementos de señalización vertical deteriorados, entre otras infracciones. La investigación comprobó la existencia de 4794m2 de baches en calzada, por ejemplo.

Teniendo en cuenta todos estos datos, el propio presidente Macri dispuso la caducidad de la concesión, al cumplirse con la cantidad de  infracciones graves establecidas en el contrato, por no haber presentado sus balances y reducido su capital sin previa autorización del Estado nacional, entre otras razones. A esto se le suma el estado de disolución que observa la sociedad por sus problemas financieros y por tener el patrminio neto negativo.

Además, se constató que tampoco transfirió el porcentaje de dinero cobrado a los usuarios entre 2012 y este año como peaje que deben ser afectados a la financiación de obras en las autopistas a través del RAE. Para el Gobierno, la empresa de Cristóbal López que forma parte del ex Grupo Indalo, usó ese dinero en operaciones financieras ajenas al origen de la concesión. A modo de ejemplo, el informe asegura que AECSA otorgó a su controlante Esuvial préstamos por $91 millones que con intereses se incrementó a $127 millones.

Estos hechos llevaron a Vialidad a presentar una denuncia penal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 8 por la presunta comisión de los delitos de estafas y defraudaciones contra los integrantes de la concesionaria y en relación a la retención indebida de recursos de afectación específica o RAE. Para el ente oficial, el préstamo "coadyuvó a empeorar la situación financiera de la empresa concesionaria, toda vez que se efectuó por un interés del 18.5%, notablemente inferior a las vigentes de mercado, mientras que el incumplimiento en el depósito de los fondos relativos al Recurso de Afectación Específica (RAE) generó un interés del 25%".

De la denuncia penal también surge la existencia de sobrantes de caja que se utilizaban para destinos inciertos, por $ 43,5 millones generados durante el primer trimestre del 2016, que no fueron utilizados para cancelar la deuda con el RAE. "Resulta inadmisible que el Estado Nacional mantenga una relación contractual con aquel que por su conducta lo lleva a la perdida absoluta de la confianza por violación a los mínimos principios de la buena fe en la ejecución del contrato, y por los que debió efectuar una denuncia penal por la comisión de delitos contra el erario público", acusa el decreto de rescisión contractual.

Por esos motivos se decide la "rescisión por culpa de la concesionaria prevista en la Cláusula Décimo Séptima, Inciso 17.2), Apartado j) del Contrato de Concesión". A partir de esta determinación, la sociedad estatal Corredores Viales S.A se hizo cargo de la gestión de la autopista mientras se terminan de elaborar los pliegos para volver a licitar la ruta. La firma está integtrada por el Ministerio de Transporte de la Nación con el 51% y la Dirección Nacional de Vialidad con el 49% restante.