La jueza federal María Romilda Servini de Cubría amplió el procesamiento del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la causa del Fútbol Para Todos, al encontrarlo responsable de las supuestas irregularidades cometidas en el acuerdo celebrado por el programa con su único anunciante privado, el fabricante de camiones Iveco.

La magistrada procesó al ex funcionario por la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta" y le trabó un embargo por $50 millones, según consignaron fuentes judiciales de los tribunales federales de Comodoro Py.

En el mismo fallo, Servini le dictó la falta de mérito al expresidente de la AFA Luis Segura y al ex secretario general Miguel Silva, en el tramo del expediente en el que se investigan las irregularidades en el contrato entre Fútbol Para Todos e Iveco.

En el expediente se investiga una maniobra defraudatoria, dado que un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que el contrato que se le hizo a Iveco por minutos de publicidad resultó una maniobra desfavorable para el Estado nacional.

El ex ministro había asegurado en el expediente que el acercamiento de Iveco al Fútbol Para Todos había sido a través de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero semanas atrás el ex CEO de la firma de camiones, Natale Rigano, aseguró que nunca negoció con la AFA y que los contratos le fueron enviados desde la Jefatura de Gabinete.

En su fallo, Servini también procesó sin prisión preventiva a Rigano por considerarlo "partícipe necesario del delito de administración fraudulenta", según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

Entre 2010 y 2015, Iveco firmó acuerdos millonarios que pagó con camiones que fueron entregados como "canje", pero para la Justicia parte de esos convenios debieron haber sido cancelados con pagos de dinero que no se llevaron adelante.

"Cuando se negociaron y firmaron tres de los seis convenios tildados de fraudulentos entre JGM (Jefatura de Gabinete), AFA e Iveco Argentina S.A.", Aníbal Fernández era el jefe de los ministros nacionales, según consignó Servini en su fallo.

Los contratos cuestionados son los firmados el 17 de febrero de 2010, el 18 de abril de 2011 y el 27 de febrero de 2015; según detalló la jueza.

En este expediente Aníbal Fernández y el también ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich se encuentran procesados por los delitos de "violación de los deberes de funcionarios públicos", ya que se los acusa de no haber controlado el destino de los fondos aplicados al Fútbol Para Todos.

La causa se originó en mayo de 2014 a partir de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, en la que cuestionó el presunto reparto discrecional de los fondos del FPT y la falta de control sobre el destino de los mismo.