La Cámara de Diputados convirtió en ley en la madrugada de este viernes el Consenso Fiscal, firmado por 23 de los 24 gobernadores el pasado 16 de noviembre, y el proyecto de Responsabilidad Fiscal, por el cual los mandatarios provinciales se comprometieron a mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años.

El Consenso Fiscal obtuvo 145 votos a favor, 53 en contra y 20 abstenciones, mientras que la ley de Responsabilidad Fiscal consiguió 159 adhesiones, 55 rechazos y 3 abstenciones.

La prórroga del impuesto al cheque fue aprobada por 211 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

“Es un acuerdo en el que todos ceden un poco”, sintetizó el miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina. Al defender el valor de estas leyes, estimó que “este es un acuerdo ciertamente histórico, que nos permite ponernos en una senda mucho más sustentable”.

El acuerdo abre “muchísimas oportunidades de inversión y empleo en las provincias”, dijo, remarcando que “acá hay un juego de suma positiva, que nos va a permitir seguir por el camino de crecimiento para reducir la pobreza, que es el principal objetivo que nos hemos planteado”.

Laspina sostuvo que “estamos en presencia de un acuerdo histórico, que muestra una enorme madurez, que fue hecho en el marco del entendimiento de la necesidad de dirimir los conflictos en la Corte Suprema”. Y agregó que “lo que se logró creo que es realmente un acuerdo sin precedentes, que nos permite seguir en la mejora de la solvencia fiscal, del control del gasto público”.

El misionero Luis Pastori destacó que el Pacto Fiscal “elimina la litigiosidad provincias-Nación”, y que a través del mismo 59 juicios de las provincias se retiran.

Desde la oposición, Axel Kicillof (FpV-PJ) consideró la firma del Pacto Fiscal como una atribución de las provincias, por lo que no quería opinar sobre la conveniencia o no de cada una de las provincias de firmar el mismo. No obstante ello, adelantó su voto negativo, porque consideró que “la ley de reforma previsional, de saqueo a los jubilados, no respeta el acuerdo firmado por los gobernadores. Se trató de hacer cómplices a los gobernadores del ajuste de los jubilados”.

Tampoco acompañarían a la ley de Responsabilidad Fiscal, aclaró, por considerar que “si a las provincias se le imponen todas estas restricciones, nos preguntamos por qué no se le imponen al Gobierno nacional”.

En cuanto a la ley que prorroga el impuesto al cheque, recordó que siempre el kirchnerismo lo prorrogó, y en caso de rechazarlo estarían desfinanciando al ANSES, por lo que votarían ese proyecto de manera positiva.

El diputado Marco Lavagna aclaró que el problema con los pactos fiscales es que “no se terminan cumpliendo”. “Muchas veces las buenas intenciones que se tienen con estos acuerdos, terminan fracasando”, observó. Estimó que “este acuerdo que se ha firmado es un acuerdo posible”, pero sugirió “seguirlo de cerca”.

“Tengamos cuidado con estos pactos, de no hacer que las provincias aparezcan como los grandes culpables de los desequilibrios”, dijo, advirtiendo que hoy “es la Nación la que tiene un gran déficit fiscal”.

En cuanto a la prórroga de impuestos, señaló que “vivimos permanentemente creando impuestos de emergencia, que una vez que se enquistan en el sistema tributario, no los sacamos más”. Aclaró que acompañarían esa prórroga, porque no hacerlo sería desfinanciar al Estado. Y en cuanto a la ratificación del pacto fiscal con las provincias, concedió a las provincias la potestad para firmar ese pacto, aunque aclaró que “no podemos acompañar la parte que significa el recorte a los jubilados. Debió buscarse otra fuente de financiamiento alternativo”. Por ello anticipó la abstención de su sector.

Por su parte, Agustín Rossi comparó el actual Pacto Fiscal con el firmado en los 90 durante la gestión menemista, considerando que ambos son “bastante similares”, y reflexionó que “este acuerdo fiscal de agosto de 1993 fracasó”. Se preguntó entonces “si esto fracasó, ¿para qué volver a insistir?”.

“La realidad es que cada vez que gobierna la derecha en la Argentina intenta resolver los problemas por el lado del gasto y el ajuste, y siempre termina generando tensiones”, expresó, preguntándose “por qué les terminamos manoteando cien mil millones de pesos a los jubilados”.

Concluyó señalando que ese pacto de 1993 también tuvo un gobernador que no lo firmó: Néstor Kirchner.

En representación de la única provincia que no acompañó el Pacto Fiscal, San Luis, el diputado Karim Alume Sbodio fue muy crudo al definir el acuerdo como un “apriete fiscal”. Su gobernador no lo firmó, dijo, porque es “la institucionalización de la compra de voluntades”, y aseguró que el mismo representa la “sentencia de muerte del federalismo argentino”.

En el acuerdo firmado con la administración nacional, los gobernadores ratificaron su compromiso para bajar el impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos, un aspecto vital de la reforma tributaria, donde se prevé bajar la presión impositiva en 1,5 puntos del PBI, en un lapso de cinco años.

Los mandatarios provinciales acordaron eliminar el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, donde se afectaba el 10% de la recaudación al Fondo del Conurbano -con el tope de 650 millones de pesos- y el 20% al financiamiento de la ANSES.

La gobernadora María Eugenia Vidal desistió de su demanda por el Fondo del Conurbano ante la Corte Suprema de Justicia, y a su vez el resto de los mandatarios provinciales -a excepción del puntano Adolfo Rodríguez Saá- renunciaron a sus propios juicios contra la Nación, que totalizaban 340 mil millones de pesos.

El sistema previsional pasará a financiarse con el 100% de lo recaudado por el impuesto al Cheque, que se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022.