Un artículo del proyecto de ley de reforma tributaria mantiene en estado de alerta a las entidades de microfinanzas. Y en el Gobierno analizan ahora la manera de aclarar, corregir o incluso eliminar -por la vía de un veto- lo que esa parte de la iniciativa dispondría.

Se trata del artículo 18, según el cual la exención de Ganancias no alcanzaría más a las asociaciones civiles o fundaciones dedicadas a "actividades de crédito o financieras, excepto las inversiones financieras que pudieran realizarse a efectos de preservar el patrimonio social".

La disposición no sólo dejaría gravado al sector con Ganancias, sino también con el IVA y con Ingresos Brutos, dado que las exenciones están "atadas" entre sí.

La letra de la ley podría ser aclarada con la reglamentación, para que las ONG que dan créditos en poblaciones de alta vulnerabilidad social sigan exentas. También estaría como alternativa el veto del artículo. El tema es analizado por estas horas en Hacienda. Donde también se impulsa una corrección a la propuesta es en el Ministerio de Desarrollo Social, que en su gestión trata de impulsar las microfinanzas con políticas activas, como los créditos accesibles "de segundo piso".

"Ese artículo de la reforma, si saliera así, dificultaría o incluso evitaría que haya crédito para la gente que está en la informalidad" no por decisión, sino por su situación social y por la vulnerabilidad del entorno en el que desarrolla su actividad, advierte a La Nación María Silvia Abalo, directora ejecutiva de la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (Radim), que agrupa a entidades como Pro Vivienda Social, Banco de la Mujer, Techo, Alternativa 3, Nuestras Huellas, Avanzar y Mujeres 2000. "En nuestro mapeo de instituciones de microcréditos, de septiembre pasado, registramos 63 ONG que otorgan préstamos que, en promedio, son de 8748 pesos", explica Abalo.

Agrega que estas entidades hacen "finanzas de proximidad", con educación financiera y capacitación para emprender y con la meta de generar empleos en zonas de alta vulnerabilidad social. "El Gobierno tiene como un propósito la inclusión financiera, y es justamente lo que hacen estas instituciones", señala la directiva de Radim.

Una de las cuestiones que plantean los tributaristas consultados, por las cuales entienden que las entidades de microfinanzas sí mantendrán la exención, es el hecho de que la mencionada ley de promoción de esta actividad establece en su artículo 19: "Las operaciones de microcréditos estarán exentas de tributar los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta, al valor agregado, según corresponda". Joaquín Lopes Alfonso, contador del Radim, agrega al matutino que la exención está también reconocida en la ley del IVA.

Si en todo caso hubiera dos leyes contradictorias, la que vale es la más específica, en este caso, la de microcréditos, explica Diego Fraga, abogado especializado en temas tributarios y socio de RCTZZ Abogados. En ese punto coincide el tributarista César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, quien confía en que el espíritu de la ley no es ir contra estas ONG.

Fraga especifica también que, en el caso de las asociaciones civiles y fundaciones, la existencia de la exención del impuesto a las ganancias determina las del IVA y de Ingresos Brutos. "Generalmente los códigos fiscales locales atan la exención de Ingresos Brutos a la exención de Ganancias", dice.

Por eso, según señala Lopes Alfonso, si la exención quedara eliminada, los intereses de los microcréditos se encarecerían por la aplicación de las diferentes cargas tributarias involucradas.