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El caso Cristóbal López, punta del iceberg: la Justicia pone la mira en empresarios muy poderosos del país

26-12-2017 La mayoría de los hombres de negocios involucrados en investigaciones ya se presentaron a indagatoria. Muchas de las causas están vinculadas con el Lava Jato brasileño, en el que están envueltos el grupo Odebrecht y la petrolera estatal Petrobras. Los nombres más resonantes 
Por Andrés Sanguinetti
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El ex presidente de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado en el marco del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, cambió la fría celda de la prisión brasileña de Curitiba por la comodidad de su cuarto en su mansión ubicada en uno de los barrios más caros de San Pablo.

Lo hará luego de que la Justicia de su país le permtió adoptar el régimen de prisión domiciliaria con una tobillera electrónica que lo acompañará durante el resto de su pena.

La vida de este magnate brasileño dio un vuelco de 180 grados el 19 de junio de 2015, tras ser detenido en el marco de la Operación Lava Jato, que investiga la trama corrupta que desvió millonarios recursos de la petrolera estatal Petrobras y que también tiene su capítulo en la Argentina.

Un camino parecido desde lo legal pero a la inversa, es el que acaba de iniciar Cristóbal López. Obligado a cambiar la comodidad de su piso de Puerto Madero que compartía con su novia y modelo Ingrid Grudke, por una celda en el penal de Ezeiza y en compañía de ex dirigentes y funcionarios kirchneristas, como Luis D´Elía y Amado Boudou.

Su llegada a ese penal no está directamente vinculada con la conexión local del Lava Jato, a pesar de haber sido sospechado por la compra de parte de los activos de la filial local de Petrobras en 2013.

Pero la Justicia brasileña investiga si el ex dueño del Grupo Indalo pagó coimas y sobornos a políticos y ejecutivos de la petrolera estatal del país vecino para destrabar la operación.

También se sospecha que parte de los $8.000 millones que la AFIP le reclama por no haber girado del impuesto a la transferencia de combustibles fue usado para financiar la compra de más de un centenar de estaciones de servicio y una refinería bajo la marca Petrobras Argentina.

Son los mismos fondos que lo derivaron a la fría celda de Ezeiza por orden del juez federal Julián Ercolini. Dinero que su petrolera, Oil Combustibles, no entregó al ente recaudador de impuestos que preside Alberto Abad y que le valió una denuncia por defraudación.

Si bien su caso no es el primero de un empresario K entre rejas, marca el avance que la Justicia argentina también está teniendo en hechos que vinculan a empresarios locales de peso con investigaciones por supuestos ilícitos cometidos en los últimos años y bajo el amparo de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.

El emblema de esta avanzada fue Lázaro Báez; quien fuera el primero en caer en desgracia poco tiempo después en que la esposa de Néstor debía ceder el sillón de Rivadavia a Mauricio Macri.

Pero entre el 4 de abril del 2016, cuando el ex cajero del Banco de Santa Cruz fue enviado a Ezeiza, y el pasado 18 de diciembre -día en que Cristóbal López conoció por primera vez su dormitorio en el mismo penal-, transcurrieron casi 20 meses.

Durante ese lapso, otros importantes hombres de negocios de la Argentina han comenzado a enfrentar diversos procesos judiciales. 

Si bien en el caso de Báez y López el establishment no los reconoce como empresarios sino como kirchneristas oportunistas, la lista de poderosos hombres de negocios, alguno de ellos sumamente millonarios, también comenzó a sumar apelllidos.

No es tan larga como la de los 21 ex funcionarios K. Pero en los tribunales de Comodoro Py aseguran que se irá incrementando el año próximo, a medida que más jueces se animen a profundizar sus trabajos, ahora amparados por un cambio político que, suponen, les da protección para hacer lo que no quisieron hacer hasta diciembre de 2015.

Desde un poderoso banquero como Jorge Brito, pasando por apellidos ilustres y dueños de un imperio multinacional como los Rocca, hasta un primo del presidente Macri como lo es Ángelo Calcaterra y el dueño de la filial local de Fiat, Cristiano Rattazzi, figuran en sendas causas judiciales.

Irregularidades en licitaciones, en la compra de activos, conexiones con el Lava Jato brasileño, presunto lavado de dinero, pago de sobreprecios en obras públicas, sospechas de sobornos son algunas de las causas que los involucran y que llevan adelante jueces como Julián Ercolini, Ariel Lijo, Sebastián Casanello y Claudio Bonadío, entre otros.

En esta nota se detallan los últimos casos que involucran a estos ejecutivos, el estado de las causas, las medidas tomadas hasta ahora por los magistrados y las investigaciones de cada uno de los fiscales a cargo. 

A casi todos los une una palabra en común: indagatoria. En lenguaje judicial, se trata de la declaración de un imputado a quien se le brinda la oportunidad de que ejercite su defensa, a través de su silencio o de su manifestación verbal.

Se produce cuando existe un estado de sospecha de su participación en un hecho con relevancia de pena, presuntamente ilícito.

Aldo Roggio


El juez federal Sebastián Casanello lo involucra en una causa por presunto direccionamiento y pago de sobornos en la adjudicación de obras vinculadas al Lava Jato brasileño y Odebrecht.

El primero de diciembre pasado debió concurrir al despacho del magistrado para prestar declaración en una investigación en la que también están involucrados el ex presidente de AYSA durante el kirchnerismo, Carlos Ben, y el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.

Además, Roggio y el resto de los 28 involucrados tienen sus bienes inhibidos por ordel de Casanello y están siendo investigados por la evolución patrimonial. La causa es la primera en la cual se ordenan indagatorias entre las que se tramitan en los tribunales de Retiro a raíz de las derivaciones locales del escándalo brasileño.

Para el magistrado existe evidencia para sostener que la adjudicación de las obras de la planta potabilizadora "Juan Manuel de Rosas" en el Paraná de las Palmas, en el 2008 y la "Depuradora del Bicentenario" en Berazategui, en 2007, constituyó "un montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena".

Según el juez, las obras "terminaron siendo suscriptas por montos superiores al presupuesto oficial, ello sin que se encuentren debidamente justificados los motivos". 

La licitación pública para construir la planta depuradora de líquidos cloacales en Berazategui se llamó el 4 de octubre de 2007 y fue adjudicada a la unión transitoria de empresas -UTE- integrada por "Construçôes e Comercio Camargo Correa Sucursal Argentina-Esuco SA". 

Y, como evidencia, sostuvo que antes de que AYSA hiciera pública su voluntad de realizar esas contrataciones, se habían comenzado a tramitar por parte de las empresas líneas de crédito, "lo que evidencia acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena".

Tanto Roggio como el resto de los empresarios investigados forman parte de los consorcios de empresas que participaron de las obras, integrados por firmas brasileras "involucradas en mayor o menor medida en la conocida como Operación Lava Jato, una red de lavado de activos de origen delictivo y corrupción que tuvo su centro en la República Federativa de Brasil pero que trascendió las fronteras y proyectó sus efectos en otros países", recordó Casanello.

Ángelo Calcaterra


En el caso del primo del presidente Mauricio Macri es investigado pero no ha sido llamado a indagatoria a pesar de que el fiscal federal Franco Picardi solicitó un embargo en su contra por $54 millones.

Se trata de una causa por presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento por parte del consorcio liderado por Odebrecht.

En el caso también está involucrado el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez y los pedidos del fiscal se produjeron luego de que un fallo de la Cámara Federal dispusiera que se evaluaran medidas cautelares.

La investigación apunta a determinar si existió el pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integraron IECSA, Ghella y Comsa para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006.

Para la Fiscalía, existió un "direccionamiento" para la adjudicación de las obras a esas empresas y también "modificaciones" en el contrato original a favor del consorcio, detrás de lo cual supuestamente se esconden los presuntos sobreprecios.

Los sobornos se pagaron -según la Fiscalía- a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, además de desembolsos provenientes de empresas offshore radicadas en el exterior.

La acusación sostiene que COMSA y IECSA abonaron unos $600.000 a CAESA entre 2005 y 2009 por trabajos de consultoría inexistentes: "Nunca ha habido prestación alguna y la registración ha sido un mero montaje utilizado por los  intermediarios y testaferros del exfuncionario Ricardo Jaime para recibir el pago de coimas", sostiene la fiscalía.

Paolo Rocca

En el caso del dueño del holding siderúrgico Techint, la indagatoria no es local. Es parte de una presentación realizada por un fiscal italiano que investiga el pago de presuntos sobornos en Brasil.

Sin embargo, hasta ahora la Justicia argentina no respondió a los exhortos recibidos desde Europa por parte del fiscal Fabio Di Pasquale, quien estuvo en el país en noviembre.

El funcionario judicial italiano se reunió con la jueza federal María Servini de Cubría y los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano para pedirles que la Justicia local ordene la citación a declaración indagatoria del dueño del mayor conglomerado siderúrgico del país y uno de los más importantes del mundo.

El fiscal italiano le pidió a sus pares locales también el secuestro de correos electrónicos y registros de llamadas del empresario y los miembros de la cúpula de la compañía, investigados por el supuesto pago de sobornos a funcionarios de Brasil.

Si bien no tuvo mucha suerte, Pasquale sigue buscando desde Italia auxilio judicial argentino para obtener más pruebas en una investigación de un grupo de fiscales de Milán que, según sostienen, encontraron pruebas de vínculos entre Techint, sociedades offshore y cuentas suizas que se habrían usado para pagar sobornos a funcionarios brasileños de Petrobras. 

La mira está puesta especialmente de Tenaris, su fabricante de caños de acero, y su subsidiaria en Brasil: Confab. Ambas le vendieron tubos y caños a la petrolera estatal del país vecino por más de u$s1800 millones, tras haber pagado supuestas coimas por u$s9,4 millones a ejecutivos de la empresa.

El pedido de indagatoria fue enviado por la justicia italiana mediante un exhorto que recibió la Cancillería local en octubre pasado. En el escrito se pedían medidas de urgencia. Por sorteo, el exhorto recayó sobre la jueza Servini y al fiscal Pollicita.

En la empresa aseguran que ninguna sociedad ni ejecutivo del grupo tiene imputaciones en Italia que estén vinculadas a sus actividades en Brasil. También aclararon que ya existe una investigación interna sobre los hechos que se denuncian y que habrían ocurrido en Brasil.

De todos modos, Techint enfrenta en el país vecino otras dos causas a partir de denuncias presentadas por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La otra fue impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).  En el caso de la OCDE, el organismo advirtió sobre presuntos pagos irregulares en la construcción de Angra3, una central nuclear en la que participó Techint, como Andrade Gutiettez y Odebrecht. Está siendo investigada por sobornos de hasta 30 millones de reales, unos u$s10 millones.

Otras investigaciones 
Otros nombres de alto perfil que están siendo investigados son Cristiano Rattazzi, en el marco de una causa por supuesta compra irregular de helicópteros que habría hecho el Ministerio de Defensa durante las gestiones de Julio Alak y Nilda Garré y también del actual Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich.

Las causas son investigadas por el juzgado de Daniel Rafecas, quien debe analizar las pruebas presentadas y en las cuales se impulta a la empresa "Flight Express", propiedad de Rattazzi y sus socios Julio De Marco y Claudio San Pedro, por defraudación contra la administración pública.

La lupa está puesta en la adquisición por parte del Estado de cuatro helicópteros. La operación se concretó en 2010, durante la gestión de Alak en Defensa, cuando ese Ministerio se quedó con cuatro helicópteros Bell pertenecientes al Grupo Módena por un total de u$s16 millones. Se investigan supuestas inconsistencias entre el monto de la operación y el número de unidades entregadas. 

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich volvió a concretar una operación con esta empresa. El año pasado, le adjudicó otra operación de compra de un nuevo helicóptero de tropa para Gendarmería por u$s10,5 millones.

En este tema, el fiscal Guillermo Marijuan también pidió abrir un expediente contra Flight Express por presunto cobro de sobreprecios. El funcionario investiga la venta de aeronaves Eurocopter BO 105 (actualmente Airbus Helicopters) por u$s2,5 millones cuando los precios de mercado de esas aeronaves no superan los u$s400.000 cada una. 

Otro de los nombres de alto perfil es el de Jorge Brito, quien es investgiado por la causa Ciccone. El 27 de noviembre se presentó en los tribunales para responder a un pedido de indagatoria del juez federal Ariel Lijo, quien analiza la financiación para la compra de la imprenta, atribuída al ex vicepresidente Amado Boudou.

El banquero le entregó un escrito al magistrado donde niega las acusaciones que hasta ahora llevaron a la cárcel a Boudou y a su socio José María Núñez Carmona por presunto enriquecimiento ilícito. 

Lijo lo había citado a Brito luego de la declaración del arrepentido Alejandro Vandenbroele. Y en su escrito también negó conocer a Núñez Carmona y a Vandenbroele. Y aclaró que a Boudou lo conocía "por cuestiones institucionales".

Lijo quiere saber cómo se llevó a cabo el operativo salvataje de la única imprenta privada con capacidad de fabricar billetes que Boudou y sus amigos quiso apropiarse a través The Old Fund, a pesar de que tenía una deuda con la AFIP de u $s60 millones. 

En su declaración, Vandenbroele abonó la teoría de que el dinero fue acercado por el banquero y el empresario Raúl Moneta. 

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