Los máximos directivos de la multinacional Hyundai están interesados en construir el puente Santa Fe-Paraná, una de las obras que el gobierno de Mauricio Macri apuesta a financiar con el programa de Participación Público Privada (PPP).

Hyundai es el mayor fabricante coreano de automóviles y una de las mayores constructoras de Asia con su controlada Hyundai Ingeniería y Construcciones, con obras estratégicas en países tan disímiles como Israel e Irán.

Especializados en las construcción de puentes de gran envergadura, acaban de terminar uno impresionante en Turquía sobre el estrecho del Bósforo (ver video).

La firma coreana será una de las 100 empresas que estarán este viernes en la sede de Vialidad Nacional para presenciar el lanzamiento de la primera etapa del programa (PPP), que presentará el titular del organismo, Javier Iguacel.

A través de este programa, en el Gobierno apuestan a conseguir una inversión de u$s16 mil millones para la construcción de rutas, autopistas y los puentes Santa Fe-Paraná y Chaco-Corrientes, con el objetivo central de llegar al final del mandato de Macri con 1.600 kilómetros nuevos de autopistas.

El puente Paraná-Santa Fe tendrá 30 kilómetros y se realizará en tres etapas. La inversión estimada para este puente es de u$s650 millones más u$s21 millones  en obras complementarias y mantenimiento.

Además, este viernes, en el auditorio de Vialidad de Diagonal Sur habrá paneles de consultas técnicas, jurídicas y económico-financieras para la construcción de los corredores A, B, C, E, F y Sur de rutas y a autopistas. Estos comprenden las rutas 3, 5, 7, 9, 11, 33, 34, 36, 158, 188, 193, 205, 226 y las autopistas Campana-Rosario, Cañuelas-Roque Perez, Las Flores-Azul, Mercedes-Bragado, entre otras.

Se trata de 1600 km de autopistas que demandarán una inversión de u$s16 mil millones, con una primera etapa hasta el año 2019.

Dietrich encabezó semanas atrás una gira por Estados Unidos y Europa para buscar que los grandes jugadores de la obra pública participen del proceso.

Hubo muchos reparos por la falta de una garantía soberana clara, que el Gobierno insiste que no concederá. También se presionó fuerte a los funcionarios para que suban la tasa de retorno debido a que siguen considerando a la Argentina un mercado de riesgo.

Uno de los más interesados fueron los españoles, acostumbrados lidiar con gobiernos latinoamericanos.