El Gobierno le dio nuevamente oxígeno a la empresa postal de Patricio Farcuh. Es decir a OCA,  sociedad que presenta varias denuncias en su contra en la Justicia por supuestos delitos de evasión de impuestos y no pago de cargas patronales, entre otros.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) acaba de otorgarle una nueva prórroga de 30 días hábiles para que OCA pueda seguir operando en el mercado postal privado de la Argentina, mientras se completa una serie de documentaciones que debe entregar la Justicia y la AFIP al organismo que preside Miguel De Godoy.

Ahora, el particular empresario a quien acusan de ser testaferro de Hugo Moyano, tendrá por lo menos hasta mediados de febrero para lograr que las operaciones de su compañía puedan ser regularizadas.

Es que el directorio del ENACOM definió esta nueva prórroga, tal como ya lo había hecho a fines de diciembre pasado, porque el juzgado donde se tramita el concurso preventivo de acreedores de OCA no envió datos sobre el alcance de este recurso que le habilitó a la empresa.

También porque la AFIP sigue manteniendo serias dudas sobre el destino de cerca de $1.100 millones que le fueron liberados a OCA por la Justicia, pero que el ente recaudador los tiene "pisados" por dudas sobre el destino que Faruch le dará a esos fondos. Es decir, si regresan  a las arcas del organismo que dirige Alberto Abad como parte de pago de la deuda que mantiene OCA o si el empresario le tiene otro uso reservado.

En la reunión del directorio del ENACOM tomaron entonces una decisión entre administrativa y política, al no tener respaldo ni judicial ni de la AFIP para adoptar una decisión final como sería la de que la licencia de la operadora postal caduque o, por el contrario, prorrogarle el servicio por los plazos reglamentarios.

El ENACOM está a cargo de las regulaciones del negocio postal. Las empresas del sector deben presentarle cada tres meses sus papeles vinculados con las operaciones y cada año revalidar la actividad. Se trata de un trámite casi automático ya que sólo se deben abonar $5.000, llenar varios formularios y solicitar un certificado fiscal ante la AFIP.

Este papel es el nudo del problema, ya que Abad se viene negando a otorgar el documento precisamente por la abultada deuda que tiene la compañía y que llega a los $2.300 millones.

En este marco, las sospechas que surgen desde la propia AFIP es qué destino le dará Farcuh al dinero que se le liberó en sede judicial ya que en el ente entienden que debería usarlo para achicar su deuda.

Sin embargo, algunos funcionarios sospechan que el empresario podría utilizarlo para cancelar otros pasivos o hasta para su propio beneficio. Ante semejante duda, la AFIP prefirió no firmar el nuevo certificado y así dejó a OCA nuevamente en la nebulosa.

De todos modos, el ENACOM insiste con la necesidad de obtener toda la información posible para analizar y estudiar los alcances del proceso concursal que le habilitó la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, donde se tramita la causa de OCA.

Más que nada si se tiene en cuenta que la extensión o no de una licencia como operador postal es un trámite administrativo que no debería precisar de un fallo judicial que lo avale.

OCA y Farchu deben cerca de $3.400 millones a diversos acreedores a quienes no les pagan desde hace meses. Pero tiene una deuda postconcursal por otros $1.200 millones  que siguió generando fuera del concurso preventivo de acreedores.

La intención del empresario es la de poder reestructurar su pasivo para alcanzar un salvataje de la mayor empresa postal privada de la Argentina que tiene  cerca de 7.000 trabajadores.

La apertura del concurso preventivo le abre la puerta a poder solicitar a la AFIP un plan de pago en cuotas que ofrece el ente para las empresas concursadas. Se trata de planes de hasta 96 pagos sin ningún tipo de beneficios como podría lograr en una moratoria. Es decir, un lapso de 8 años o hasta el 2025.

Sin embargo, OCA está denunciada por un presunto delito como es el de no haber realizado los aportes patronales y previsionales de sus empleados.

Por algo similar fue denunciado también el ex Grupo Indalo, además de no haber transferido lo recaudado de un impuesto a los combustibles a las arcas del Estado.

Sin embargo, la mirada del Gobierno en ambos casos ha venido siendo diferente. En el caso del holding fundado por el empresario Cristóbal López ha optado por no tomar partido y dejar que el proceso avance en la justicia.

Pero en la causa OCA desde algunos sectores se observa una supuesta connivencia con las autoridades para evitar el cierre de la empresa postal fuertemente ligada al gremio de camioneros y a su jefe histórico, Hugo Moyano.

Lo mismo ocurre con la AFIP, que se ha venido negando a negociar con los nuevos dueños de Indalo, mientras mantiene una puerta abierta para el futuro de OCA.

Para justificar las diferencias, en AFIP aclaran que los dueños del ex Grupo Indalo están acusados de defraudación y además no tienen un concurso preventivo abierto, situación que el dueño de OCA logró tras cambiar la sede de la compañía de la Capital Federal a la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

Una maniobra que, según fuentes judiciales, estuvo calculada para poder obtener el proceso concursal que no se le iba a otorgar en los tribunales porteños. Otra similitud con Cristóbal López, quien mudó la sede de Oil Combustibles a Comodoro Rivadavia para poder lograr el mismo objetivo, que finalmente logró tras el fallo de una cámara en lo civil y comercial que le habilitó el proceso concursal en Capital Federal.

Fuentes del ENACOM confirmaron la información a iProfesional y anticiparon que se trata de la última prórroga posible que marca la legislación. "Después de esta no hay otra opción", aseguran en el organismo. Es decir que a mediados de febrero se terminará de sellar para bien o para mal el futuro de OCA.

Como ya es costumbre, desde OCA ignoraron las llamadas de iProfesional para contar con la opinión de la empresa y del propio Farcuh quien en algunas de sus apariciones públicas acusó al Gobierno, a la Justicia, a la AFIP y hasta el propio Moyano de un "complot para voltear a la empresa" y repartirse su negocio entre el Correo Oficial y otras prestadoras de menor envergadura, entre las que se encontraría OCASA, propiedad de Héctor Colella, ex mano derecha de Alfredo Yabrán.

OCA es hoy el mayor operador postal privado de la Argentina. Tiene 150 sucursales, 2.000 agentes oficiales, casi 7.000 empleados y una flota de 1.000 vehículos.

El empresario está convencido de que todos los males que sufre su empresa fueron provocados por factores externos. Habla de "desfalcos" cometidos por referentes del gremio de Camioneros que manejaron OCA durante casi 10 meses en los cuales la caja de este sindicato fue usada para pagar deudas y salarios del personal.

Farcuh  dice que los exgerentes designados por Moyano en ese lapso cometieron el delito de administración fraudulenta, falsificación de firmas y la causaron a la empresa graves consecuencias patrimoniales.

De hecho, el propio empresario admite las deudas de su compañía, aunque asegura que fueron gestadas por Moyano. Dice que en ese tiempo la deuda con la AFIP creció a $527 millones, que hubo vaciamiento por $1.357 millones, falsificaciones de firmas por otros $721 millones, imputaciones contables falsas por $292 millones. Dice también que el Estado le adeuda $321 millones por servicios realizados y no pagados.

Sin embargo, y a pesar de todas estas denuncias, Farcuh intentó sin éxito traspasar las actividades de la compañía y sus prestaciones a otras dos sociedades. La maniobra, calificada por fuentes fiscales como de vaciamiento, no fue aprobada por la Justicia.