Ya es oficial. El extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este jueves en el Boletín Oficial reduce las multas previstas para las empresas con trabajadores no registrados. 

La flamante norma contempla una modificación integral de la Ley 26.940 sancionada por la administración anterior y que creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).

El cambio prevé una reducción de las multas dinerarias establecidas en el régimen y también de los tiempos de permanencia de las compañías inspeccionadas dentro del registro, considerado una suerte de "veraz laboral". En la actualidad hay 22.000 empresas incorporadas en ese registro.

La Ley 26.940 que alumbró el sistema vigente estipula que las compañías sancionadas no pueden "acceder a programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por bancos públicos", celebrar contratos de diversa índole ni participar de concesiones o acceder a beneficios económicos de parte del sector público. 

Uno de los artículos del decreto reduce de 90 a 30 días el plazo de permanencia en el Repsal de los infractores que acrediten "la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción".

Y limita al propio Gobierno a un período de "no más de 30 días corridos para efectivizar la inscripción en el Repsal" una vez constatada la irregularidad. 

Además, deroga un artículo que condenaba a las empresas infractoras que hubiesen incurrido en "obstrucción a la labor de la inspección del trabajo" a permanecer en el registro por 180 días más una vez regularizados sus pagos pendientes.