Luego de que Vialidad Nacional, a cargo de Javier Iguacel, presentara una demanda contra Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gestión investigados por corrupción en la obra pública, la expresidenta presentó un fuerte descargo en la Justicia.

Ante el juez federal Julián Ercolini y a través de su abogado Carlos Beraldi, Cristina acusa que la demanda por más de $20.000 millones se trata de una "persecución política", mientras solicita que llamen a declarar como testigos a los ex jefes de Gabinete de su gestión.

El Gobierno de Mauricio Macri, a través de Vialidad Nacional, hace dos semanas había presentado una demanda por daños y perjuicios contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor) y Lázaro Báez, entre otros imputados, por $22.500 millones, a modo de resarcimiento "por el daño ocasionado por los hechos de corrupción".  

Para la defensa de la ex Jefa de Estado, "la persecución selectiva del gobierno es animosa, no sólo encarcela, sin razón (lógica y jurídica) a ex funcionarios público, sino que evita demandar a quienes ocuparan el cargo de Jefe de Gabinete durante las gestiones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, no podemos, bajo ningún concepto, convalidar el atropello jurídico al que Cambiemos, en palabras de Iguacel, se aventura".

Además, en el escrito, Fernández pide que declaren Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina, Alberto Fernández y Aníbal Fernández. Y también a los gobernadores de Santa Cruz, desde el 2003 a la actualidad. Ellos son Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta, y Alicia Kirchner.

Aunque advierte: "Extender la insensata demanda a los ex Jefes de Gabinete de Ministros implicaría ser cómplices del ataque permanente a la oposición política que caracteriza a este gobierno. No podemos, por mandato popular, por comprensión ni por responsabilidad política, contribuir a dicha manipulación jurídica y judicial".

Y agrega: "Avalar este abuso respecto de otros dirigentes políticos contribuiría a la persecución judicial que lleva adelante el gobierno nacional, tanto en el plano penal como en el patrimonial, al efecto de eliminar permanentemente cualquier tipo de oposición política a su plan de ajuste".

Por último, el escrito termina con una denuncia por persecución política: "El único argumento que tiene el gobierno en su demanda es la persecución política. La ausencia palmaria de los presupuestos de la responsabilidad evidencia un conglomerado político, mediático y judicial que apunta a denostar, demonizar, difamar y estigmatizar cualquier expresión política que exprese los intereses de los sectores populares. Pero el camino de las luchas sociales es una rosa con espinas que, más temprano que tarde, florece en todo su esplendor".