En el marco de la causa por lavado de dinero, donde ya fueron indagados Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, el juez Julián Ercolini ordenó la intervención judicial por seis meses de la empresa Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate con "facultades de información, administración y recaudación".

La acefalía de la empresa desde el 20 de diciembre y la documentación adeudada ante la Inspección General de Justicia (IGJ) fueron los argumentos centrales de la medida. Los Kirchner ya tienen todas sus empresas intervenidas por la justicia, dice Clarín.

Los hoteles de la familia Kirchner están sospechados de ser utilizados para maniobras de lavado de dinero. El complejo cuatro estrellas conocido como Alto Calafate -propiedad de Hotesur-, es investigado por los alquileres que Lázaro Báez pagó a través de siete empresas y por la administración del mismo, garantizando a la ex Presidenta desde 2008 a julio de 2013, unos $27 millones.

El hotel Alto Calafate fue el primero que adquirió la ex familia presidencial, en 2008. Meses después, Báez constituyó la empresa Valle Mitre con la que gerenció el lugar hasta julio de 2013. La compra del establecimiento hotelero fue por u$s4.900.000.

El juez Ercolini explicó que en esta investigación la principal sospecha es la utilización de los hoteles para el lavado de activos. "‹

Los fondos integrados a esa maniobra, provenían "de la defraudación al Estado nacional cometida mediante la adjudicación irregular de obra públicavial" a favor de Báez.

Con la utilización de diversas firmas "Austral Construcciones SA, Loscalzo y del Curto, Kank y Costilla SA, entre otras" con las que habrían "canalizado parte de los fondos ilegítimamente recibidos del Estado hacía Valle Mitre SA, entre otras, mediante contrataciones simuladas".

En definitiva, señaló Ercolini "esta última los habría dirigido a Hotesur SA y a los patrimonios personales de los ex presidentes Kirchner y Fernández y al de sus hijos mediante la explotación de los hoteles de los cuales eran propietarios".

El rol de Lázaro Báez fue clave. Para la Justicia luego de adquirir no solo el Alto Calafate, sino también Las Dunas y La Aldea de El Chaltén (propiedad de Los Sauces SA), los Kirchner "entregaron su administración y explotación" a la firma del empresario K.

El gerenciamiento quedó después, en manos de Idea SA, de Sanfelice, socio de los Kirchner y empleado de Cristóbal López.

En este escenario, el fiscal Gerardo Pollicita pidió la intervención de Hotesur hace dos semanas y el juez la ordenó hoy con facultades de información, administración y recaudación durante seis meses", indicó en su resolución de diez páginas.

Al momento, Hotesur SA contaba sólo con veeduría judicial y su administración estaba a cargo de Idea SA de Osvaldo Sanfelice.

La firma hotelera fue intimada por la Inspección General de Justicia (IGJ) por encontrarse acéfala desde el 20 de diciembre. Sin autoridades en su directorio, Máximo y Florencia Kirchner señalaron que no pueden nombrar nuevas directivos por la “persecución judicial que sufren”.

Por este estado de situación, Ercolini entendió la situación de Hotesur "ha variado sustancialmente en los últimos meses; por lo que corresponde disponer su intervención judicial".

La empresa dueña del Alto Calafate "evidencia un panorama incierto respecto de la marcha y funcionamiento de la empresa y una actitud dilatoria en el cumplimiento integral y oportuno de los requerimientos de los auxiliares de justicia y que, por lo tanto, ponen en riesgo el éxito y la eficacia de la medida cautelar vigente".

Por otro lado, dando la razón al fiscal, Ercolini tuvo en cuenta la acefalía del directorio que representa “un impedimento para el funcionamiento de la firma, situación que amerita que tales actividades sean suplidas para salvaguardar sus bienes y sus potenciales ingresos, ya sea para un eventual decomiso o para garantizar la ejecución de una posible sentencia penal”.

Entre los argumentos, se indicó también la ausencia de libros contables y societarios de la empresa y la falta de colaboración de las autoridades de la firma con los veedores judiciales.

Al respecto se indicó que desde que se dispuso el secuestro de sus libros societarios y contables en el mes de julio del año 2015, “las autoridades de la empresa no han obtenido nuevos libros legalmente habilitados ante la Inspección General de Justicia”.

Además, la IGJ había manifestado "la necesidad de designar a un interventor judicial" para subsanar la irregular situación.

Con la intervención del hotel Alto Calafate, se busca una "correcta identificación, localización, inventario y valuación de la totalidad de sus bienes", y a su vez proceder "a la recaudación de las ganancias de la actividad y detener el provecho que Máximo y Florencia Kirchner, como Sanfelice continúan obteniendo".

El juez designó que la interventora del Condominio Máximo y Florencia Kirchner, quede a cargo de  la intervención, Raquel Moyano, y por otro lado, un contador público.

Deberán presentar informes de rendición de cuentas mensual, "arbitrar los medios necesarios para mantener el patrimonio existente, evitar su disminución, deterioro o pérdida, al tiempo que también deberán continuar con las actividades comerciales desarrolladas hasta el momento".

La medida es con facultades de información, administración y recaudación