Finanzas

Agobiados por las deudas, los dueños de Winery le ponen cartel de venta a la mayor cadena de vinerías

08-03-2018 Su actual management pretende incorporar un nuevo accionista que permita inyectar fondos frescos a Winery. El objetivo es sumar una empresa que provenga del negocio del retail. La semana próxima presentarán el plan de reestructuración del pasivo a la Justicia
Por Andrés Sanguinetti
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La mayor cadena de vinotecas y venta de bebidas alcohólicas de la Argentina saldrá a buscar un socio estratégico para poder seguir operando una vez que la Justicia le habilite el pedido de apertura de su concurso preventivo de acreedores.

Se trata de Winery, que acaba de solicitar este recurso para poder reestructurar un pasivo de $379 millones que en su mayoría adeuda a un grupo de bodegas y de bancos

De ese monto, el 70% está concentrado en sus principales proveedores, como son las bodegas, con las cuales durante los últimos dos meses ha venido manteniendo negociaciones para poder reducir su endeudamiento.

Sin embargo, también debe encarar el pago de deuda con un grupo grande de entidades financieras. De hecho, el rojo llegaba a los $260 millones en diciembre, según datos oficiales que iProfesional extrajo de la web del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Winery optó por pedir su concurso preventivo para "ordenar" su deuda y continuar las operaciones de sus 22 sucursales y mantener cerca de 130 trabajadores, de acuerdo con información brindada por estos días desde la propia compañía que controlan miembros de la familia Chmea.

En un comunicado titulado "Winery asegura su presencia como la mayor cadena de vinotecas", su management informó que "finalizó una auditoría que confirmó el desfasaje económico financiero que atraviesa la empresa". 

Pero, además de buscar viabilizar el futuro de la cadena mediante la reestructuración de la deuda, su gerencia también salió a buscar un nuevo accionista que permita inyectar fondos frescos. La intención es no desprenderse de la mayoría accionaria de la sociedad, pero sumar un socio estratégico que provenga del retail y que entienda del negocio.

Es una situación de la cual hace tiempo se discutía en todo el mercado bodeguero local por ser la principal red de vinotecas del país, nacida a comienzos de la década del 2000 de la mano de una parte de la familia fundadora de la casa de indumentaria Chemea.

En el caso del pasivo financiero, según los registros de movimientos de fondos de la base de datos del BCRA, se distribuye entre 14 bancos. De esa cantidad, cinco concentran $160 millones de deuda solamente en diciembre del año pasado. Así las cosas, los principales acreedores son:

- Itaú, con $36,6 millones.

- Banco Nación, con $35,1 millones.

- Banco Provincia, con $32,6 millones.

BBVA Banco Francés, con $28,6 millones.

Credicoop, con $27 millones.

En el listado también figuran el Galicia ($15,6 millones); Supervielle ( $15,1 millones); Comafi ($11,1 millones); Patagonia ($9,4 millones); Ciudad ($9,3 millones); ICBC ($7,9 millones). También el Santander, con $1,1 millones; y el Industrial, con $345.000.

La reprogramación de deuda, bajo análisis
Todos los fondos mencionados anteriormente fueron acumulados por Dayche S.A como pasivos. Se trata de la sociedad que opera la marca Winery. De todos modos, desde la empresa explicaron a iProfesional que en el caso de la deuda bancaria los datos que figuran en la web del Central tienen un "delay" de 60 días y aseguraron haber reducido el monto total en estos últimos dos meses. 

Sostuvieron que las entidades financieras cuentan a su favor con la cesión de los cupones de tarjetas de crédito como garantía de pago. También señalaron que con los fondos obtenidos durante las ventas de diciembre, las mayores del año, se fueron cancelando algunos pasivos.

De hecho, a pesar de la situación de insolvencia, en el listado del Central se mantiene como Situación 1, que se le otorga a las empresas con una cartera comercial normal.

Sin embargo, entre enero y febrero de este año, Dayche acumula 464 cheques rechazados por falta de fondos por un total de $160 millones. Y en el mismo período solamente abonó 58 cheques por $8 millones.

Son datos que surgen de la Central de cheques rechazados del BCRA, conformada por datos recibidos de los bancos y que se publican sin alteraciones de acuerdo con los plazos dispuestos por la ley de Protección de Datos Personales.

Desde Winery explicaron que se trata del mismo pasivo que generaron con sus principales proveedores. Es decir, con las bodegas.

Si bien esta central no identifica por nombres, Winery acumula con un solo proveedor 459 cheques rechazados por $159 millones. Y de acuerdo al comunicado de los actuales dueños con Moisés Chmea a la cabeza, la estrategia para continuar con las actividades es la de que un juzgado haga lugar a su pedido de apertura del concurso preventivo de acreedores.

De este modo, todo el pasivo quedará congelado a la espera de una propuesta de la compañía para cancelarlo mediante una fuerte quita y un plan de pagos a largo plazo.

El nuevo management que asumió el control de las operaciones de Winery en los últimos meses ya comenzó a elaborar una propuesta de pago del pasivo.

Según pudo saber iProfesional, no necesariamente contendrá un pedido de quita de deuda. En lo que se trabaja es en una alternativa que sea viable para todos, en especial para las bodegas y sus proveedores, teniendo en cuenta que una vez resuelta la crisis, Winery continuará operando en el mismo rubro. Es decir, se seguirá nutriendo de los productos de las bodegas para comercializar.

"Es un paréntesis procesal que permitirá ordenar los pagos en el más breve lapso posible y a la vez evaluar ofertas presentadas por inversores interesados en sumarse al futuro de la compañía", agrega el comunicado de Winery.

La última frase deja abierta la puerta para que uno o varios acreedores decidan quedarse con la cadena de vinerías a cambio de la deuda. O, en todo caso, que el final de Winery sea la venta total de la sociedad.

De hecho, el pedido concursal se solicitó a la justicia luego de haber recibido un embargo por parte de ARBA y de conocerse que algunos proveedores iban a solicitar la quiebra de la sociedad. Por esos motivos, se optó por acudir a la Justicia a modo de protección de sus operaciones y para ganar tiempo en la elaboración de un plan que le permita seguir en el mismo negocio.

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