Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue llamado a indagatoria por negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

Se trata de una investigación que el fiscal Álvaro Garganta venía llevando con la jueza Marcela Garmendia en torno a la empresa Miller Building, que obtuvo la construcción de la Unidades de Pronta Atención (UPA).

En ese sentido, el diputado, de 61 años, emitió un comunicado escrito por sus abogados defensores que compartió en redes sociales.

“Negamos terminantemente que haya habido tráfico de influencias o irregularidades por parte de nuestro defendido”, comienza el escrito, firmado por Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina.

Luego, continúa: “Conforme surge de los expedientes administrativos, todas las licitaciones y contrataciones del Gobierno Provincial durante su gestión (inclusive las de los Hospitales de Pronta Atención UPA) fueron regulares, y aprobadas por los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires (Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia y Tesorería General de la Provincia). Estos organismos no observaron ni encontraron irregularidad alguna que impidieran las contrataciones”.

Más adelante, aclaran que “el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires no interviene nunca, por disposiciones constitucionales y legales, en este tipo de contrataciones. A su vez, nuestro defendido nos ha manifestado enfáticamente que jamás dio instrucción alguna, ni ejerció influencia sobre ningún funcionario de su gabinete para favorecer empresas en sus contrataciones con el Gobierno”.

Finalmente, los magistrados alegan que “referido a los bienes personales de nuestro defendido, ya fue suficientemente aclarado ante la Fiscalía, por escrito y con prueba documental, que la compraventa y los alquileres de las operaciones cuestionadas fueron a valores de plaza (por ejemplo, el contrato de alquiler fue inicialmente de $30.000), y el costo del metro cuadrado en la zona fue acreditado con cotizaciones de referentes inmobiliarios”, para quedar “a disposición de la justicia, ejercerá su debida defensa y responderá todo interrogatorio que se le formule en oportunidad de la audiencia fijada por la Fiscalía”.

La empresa Miller Building le compró terrenos al emprendimiento inmobiliario de Daniel Scioli, en Villa La Ñata. A través de esa transacción, Miller Building quedó ligada al gobernador, por eso a Scioli se lo acusa de haber ejercido negociaciones en beneficio personal con los fondos públicos.