"Ni el Gobierno digital, ni la economía digital ni la inclusión digital son posibles si no trabajamos en infraestructura y conectividad y de eso se trata el proyecto de ley. Por eso necesitamos generalizar y profundizar el proceso de conectividad en el país". Con estas palabras, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, explicó parte de los fundamentos que llevaron a la redacción de la llamada "ley corta", que contiene tres ejes básicos con el objetivo de incrementar las inversiones en los despliegues de red.

La discusión y posterior aprobación de esta norma implicaría, a su vez, la definición del postergado cronograma de espectro sobre el que el Gobierno viene trabajando para llamar a futuras licitaciones. Se trata de una respuesta a la demanda de las empresas de telecomunicaciones, por un lado, y a las recomendaciones de los organismos internacionales de esta industria, por el otro. Una manera también, aunque no la única, de acelerar nuevos desembolsos en infraestructura, tal la necesidad de la administración macrista.

Por razón, durante la presentación en la Comisión de Medios, Sistemas y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, el ministro no sólo se ocupó de subrayar la necesidad de poner en prioridad uno dentro de la agenda política la necesidad de conectar a todos los argentinos sino que destacó que, de no encararlo, "no hay chance de desarrollo sostenible si no encaramos fuertemente el proceso de reducir la brecha digital".

Aludió a la visita del presidente español, Mariano Rajoy, con quien, aseguró el ministro, comparte la visión de empujar el concepto digital. Telefónica es una de las principales empresas de ese país en la Argentina, y una de las que más reclamos le ha hecho a la administración nacional respecto de la necesidad de impulsar la competencia con las mismas reglas de juego para todos los jugadores.

Para mostrar la necesidad de avanzar en la conectividad y la digitalización y saber en dónde está parada la Argentina, mostró un diagnóstico de lo que ocurre con las telecomunicaciones segmento por segmento en el país. Razón por la que apeló al "apoyo y la colaboración" de los senadores presentes en el encuentro "para darle a la Argentina las respuestas que necesitan los conciudadanos".

En ese diagnóstico quedaron evidenciadas las grandes falencias que tiene la Argentina en materia de telecomunicaciones, pues lo que se registra en los grandes centros urbanos está lejos de replicarse en ciudades o localidades más pequeñas donde, por lo general, la falta de competencia da como resultado precios de telecomunicaciones muy altos para servicios de muy mala calidad.

Así, algunos de los puntos de ese diagnóstico fueron:

-el 57% de los hogares del país tiene internet fijo, cuando la recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)en materia de telecomunicaciones es 80%.

-la velocidad promedio de la banda ancha es de 9 mb, la mitad, otra vez, de lo sugerido por la OCDE.

-140% de penetración de internet móvil.

-el 70% de los argentinos accede a internet a través del móvil porque no tiene conectividad fija.

-el volumen de datos consumidos a través de las redes móviles es de 0,87 GB, apenas un 33% del consumo de 2,3GB considerado, nuevamente, por la OCDE, como el pertinente a un país evolucionado.

-el costo promedio del paquete de TV paga es uno de los más caros de la región en términos de Paridad de Poder Adquisitivo.

-el 28% del mercado de la TV paga es satelital y pertenece a DirecTV.

Las sucesivas referencias a la OCDE y las sugerencias que ese organismo efectúa en materia de telecomunicaciones no fueron inocentes. Es sabido el interés del Gobierno argentino por ser miembro de esa organización. Y, para ello, debe avanzar no sólo con regulaciones modernas sino, a su vez, velar por los intereses de los ciudadanos a través de diversos mecanismos de control.

Tras expresar las razones políticas que llevaron al Poder Ejecutivo a plantear esta "ley corta" que había sido anticipada por Ibarra a este medio durante el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona para, básicamente, habilitar a las telefónicas, con Claro y Telefónica a la cabeza, a dar servicios de TV paga por la vía satelital, fue el turno al secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Héctor Huici, quien explicó las cuestiones más técnicas.

El funcionario detalló que el proyecto de ley se divide en tres partes: promoción del uso compartido de infraestructura, liberación de frecuencias de ARSAT y eliminación de normas que restringen el uso de determinadas tecnologías para brindar los servicios de telecomunicaciones.

Sobre el primer punto, el secretario explicó que la propuesta de compartir la infraestructura responde a una demanda de las pequeñas cableoperadoras que operan en el interior del país poder utilizar la llamada infraestructura pasiva, es decir, los postes, ductos y otros espacios que emplean otras empresas de telecomunicaciones o de servicios públicos para brindar sus servicios.

Si bien esta propuesta beneficiaría también a las grandes prestadoras, fue el momento en que los funcionarios resaltaron que estarían atentos a la situación de las pequeñas cableoperadoras y empresas de internet del país.

Luego indicó que a partir del artículo 4 del texto se busca "ampliar la oferta de servicios para los consumidores. Creemos que hay que dictar normas que corrijan las asimetrías regulatorias. Regulamos servicios, no tecnologías, para que la competencia promueva la mejora en la calidad y en los precios", manifestó.

En ese sentido, destacó que los cambios que se proponen en algunos artículos de la leyes de medios (26.522) y Argentina Digital (27708) consisten en "medidas procompetittivas para que todos estén en igualdad de condiciones, y que la cancha esté lo más nivelada posible".

Y, sobre el final, se refirió al artículo 11, que aborda de manera muy superficial, el tema de los contenidos. Sobre ese aspecto, consideró que aquellos que sean relevantes necesitarán del dictado de normar "para proteger a las empresas medianas y pequeñas y favorecer a los nuevos entrantes en el mercado de distribución de señales".

En otras palabras, que los precios de comercialización de las señales o del fútbol, por ejemplo, puedan ser pagados tanto por empresas pequeñas como los nuevos jugadores que ingresen en el mercado, tales los casos de Telefónica y Claro.

Si bien la exposición del proyecto de "ley corta" estuvo a cargo de Ibarra y Huici, en la mesa también estuvieron el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, el jefe de Gabinete de Modernización, Fernando Viola, el presidente de la Comisión de Medios del Senado, Alfredo Luenzo, y los senadores Juan Carlos Marino y Federico Pinedo.

También estuvieron presentes la directora del Enacom, Silvana Giudici, y otros senadores, como Claudio Poggi, Esteban Bullrich, Daniel Lovera, Pino Solanas, Beatriz Mirkin, entre otros.

Al finalizar la exposición de los funcionarios, algunos legisladores realizaron preguntas relacionadas con el proyecto, y quedó en evidencia que varios tendrán que leer muy bien el proyecto y los objetivos que se persiguen para poder avanzar en su discusión. Sin embargo, ninguno aprovechó la presencia de Giudici para preguntar acerca del anteproyecto de ley de telecomunicaciones que lideró y que se conoció en enero pasado.

El senador Luenzo indicó, sin embargo, que "hay preocupación por la protección de los pequeños cableros en el país", aunque también consideró que se trata de "una ley necesaria para abrir el juego a los actores que puedan invertir".

Mientras los legisladores consideraron necesario el debate y que consultarán a los actores que quieran participar del mismo también dejaron en claro que no se manejarán con prisa, pese a que en la mesa de presentación se deslizó que la norma podría estar finalizada en unos dos o tres meses.

De hecho, la semana próxima recién se determinará un plan de trabajo, anticipó Luenzo. 

Lo cierto es que, una vez aprobada esta ley orientada específicamente a la infraestructura, tal como todos coincidieron, recién se avanzará con el cronograma de espectro y sus licitaciones. En el texto también figuran cambios en las reservas preferenciales de espectro para Arsat.

Hoy, la compañía estatal tiene en su poder 90 mhz de frecuencias que el mercado reclama y el Gobierno quiere poner a disponibilidad pero, para ello, necesita de la aprobación de la norma corta que establece cambios en ese aspecto.

Estas bandas, juntos a otras que están siendo analizadas por la Secretaría TIC, formarán parte de ese cronograma de espectro que, una vez más, también formarán parte de las medidas a tomar para acelerar inversiones.

La industria de las telecomunicaciones es una de las más dinámicas del país. Para este año, las tres principales compañías, Telefónica, Telecom y Claro, realizarán inversiones por unos u$s3.000 millones.