El Gobierno dará un nuevo paso en el recorte del gasto público con miras a reducir el déficit fiscal. Además de la baja en la obra, también se quitarán subsidios a la energía, se achicará la nómina de empleados estatales pública, se reorganizarán los entes autárquicos y las empresas públicas y habrá una mayor presión fiscal sobre los asalariados.

Además, el Pacto Fiscal sellado con los gobernadores plantea la eliminación de los subsidios a la luz y el gas -salvo la tarifa social- en 2019 y al transporte en 2021. En el primer trimestre, estos conceptos bajaron a 37,9% anual, hasta los $22.336 millones.

En octubre se quitarán más subsidios, por lo que las tarifas volverán a subir. Y los cargos públicos no se renovarán por jubilaciones, por lo que la plantilla de empleados públicos bajará un 3% este año y otro 3% en 2019.

También habrá recortes en los gastos de la política: sólo los ministros viajarán en primera, se reducirán los viáticos, no habrá cambio de flotas de autos oficiales y la compra del Tango 01 fue suspendida.

Según la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre de 2018, los recursos para la obra pública bajaron 23% (unos $16.810 millones) y podría ser mayor a los $30 mil millones para este año, en un presupuesto total para este sector de 230 mil millones, según reveló La Voz.

Por su parte, los fondos para los estados provinciales y municipales por fuera de la coparticipación federal bajaron 11,8% anual en el primer trimestre, a $27.500 millones. De esta forma, las transferencias de carácter corriente crecieron 11%, pero las de capital (para inversión) retrocedieron 30,2%. Se espera que llegue al 40%.

En el ministerio de Hacienda buscarían ahorrar unos u$s3.000 millones. Pero también planean bajar el déficit fiscal primario del 3,9% del PBI de 2017 al 2,7%, una baja de 1,2 puntos. Si el PBI quedara en el mismo nivel que el año pasado, el recorte llegará a los u$s5.830 millones (unos $145.750 millones).

Estos esfuerzos por bajar el gasto, que redundaría en reducir el déficit y la dependencia externa, es parte del pedido del FMI en el marco de las negociaciones por un crédito "stand by" que alcanzaría los u$s45.000 millones.

En este sentido, el Gobierno destinará el 32% de la recaudación impositiva al pago de la deuda, mientras que el pago de salarios representará el 20% y la seguridad social, el 11%, según el Centro de Estudios de la Nueva Economía.

El pago de la deuda llegaría a u$s64.649 millones en 2018, entre capital e intereses, de los cuales el 30% fue cancelado en el primer cuatrimestre, por lo que resta abonar u$s44.842. El 80% de esa deuda fue contraída por la gestión de Mauricio Macri.

También se espera que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, pueda lograr un canje de bonos por títulos de más largo plazo y mejores tasas para reducir los vencimientos de este año, consiguiendo un ahorro cercano a los $250.000 millones.

Ajustes en el Congreso"Vamos a tener que bajar el déficit de manera más rápida. Entramos en una etapa de austeridad y esa etapa va a tener que ser asumida por todos nosotros. A todos nos va a doler un poco, y vamos a tener que dejar cosas que pensábamos que íbamos a poder hacer", dijo Dujovne en el CCK Y esto también afecta al Congreso.

Dujovne y su par de Modernización, Andrés Ibarra, pedirán al Parlamento que racionalice los gastos en la imprenta y de la biblioteca, que tiene 1.700 empleados (durante el kirchnerismo pasó de 500 a la cifra actual) y un presupuesto de 1.759 millones de pesos, lo que equivale a un aumento de 57% con respecto a 2017. Por su parte, la imprenta tiene previsto gastar $552 millones.

De esta forma, se espera una suerte de "Pacto Fiscal" con los poderes Legislativo y Judicial para que no gasten por encima de la inflación hasta 2021.

También se buscará limitar los salarios máximos de los directores por el Estado en las empresas privadas y para los de las empresas públicas, y la eliminación de la posibilidad de que los funcionarios tengan más de un salario, según indicó La Nación.