El Gobierno busca desactivar el paro de la CGT, aislar a Hugo Moyano, y obtener el respaldo tácito de la central obrera al acuerdo sellado con el FMI por u$s50.000 millones. A cambio, las autoridades ofrecen el aumento salarial -ya decretado- con un tope de hasta el 5% en el sector privado, fondos para las obras sociales y modificaciones a los puntos cuestionados por el sindicalismo en los proyectos de reforma laboral.

El capítulo más importante de las negociaciones se abordará este martes por la mañana o el mediodía en un lugar a confirmar. Las autoridades recibirán por segunda vez a la cúpula sindical, luego de la reunión mantenida el jueves pasado en Casa de Gobierno, de la que participó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón.

En la CGT confirmaron a iProfesional los avances en las conversaciones sostenidas en las últimas horas. "Creo que el Gobierno tiene la intención de acordar, no creo que convoquen una reunión para nada", dijo un dirigente histórico de los "gordos", los grandes gremios de servicios.

En un gesto político, ese sector no se opondrá al acuerdo firmado con el Fondo, en contraste con el rechazo impulsado por Moyano, quien ayer ratificó un paro de su organización para este jueves.

Con el objetivo de neutralizar al sindicalismo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, oficializó el viernes pasado el "régimen simplificado voluntario de adecuación de la negociación colectiva salarial". Según el decreto 508/18, los sindicatos del sector privado que ya cerraron sus convenios -en torno al 15%- pueden negociar un extra de hasta el 5% este año y en hasta dos cuotas, aparte de lo que pudieran convenir en las clausulas de revisión pactadas previamente.

"Le das margen para adecuar los salarios, pero después tienen la cláusula de revisión, no hay ningún límite para eso", señalaron cerca de Triaca.

La reapertura de paritarias "sin ningún tipo de limitación", incluidas las actividades que aún no cerraron acuerdos, fue uno de los cinco puntos presentados por la CGT el jueves pasado. Pero en los hechos el decreto funciona como un tope para el 2018, ya que la negociación ad hoc habilitada fija un porcentaje máximo a los acuerdos homologados y la mayoría de las revisiones -que podrían excederse del límite- están previstas recién para el año próximo.

El resto del pliego elevado por la central obrera contempla una norma que evite los despidos y suspensiones en el Estado y el sector privado por seis meses, la eliminación del medio aguinaldo en el cómputo de Ganancias, la devolución de fondos a las obras sociales y el compromiso de no reformar la Ley de Contrato de Trabajo.

Si bien en Hacienda descartaron cambios a la cuarta categoría y Trabajo se niega a un pacto antidespidos, en las últimas horas trascendió que el Gobierno liberaría entre $4.000 y 6.000 millones a las obras sociales, según informó Clarín y Ámbito.

Por otra parte, las autoridades aseguraron a este medio que podría haber concesiones en otros puntos, como la reforma laboral. Según La Nación, el Gobierno ya se había mostrado dispuesto a quitar en su propuesta de blanqueo laboral el ítem que rebaja las indemnizaciones por despido, una de las condiciones impuestas por la CGT y el senador del peronismo dialoguista, Miguel Pichetto.

“El martes va a haber alguna propuesta más en algunos temas, el Gobierno tomó nota de todos los pedidos”, dijeron a iProfesional en Trabajo.

En el ala más conciliadora de la central, el consenso es “dejar hacer” a los gobernadores peronistas y al Congreso. Desde esa óptica, ellos son quienes deben debatir cómo se instrumenta el ajuste del gasto en el Presupuesto 2019 y la reforma del BCRA.

Se trata de una réplica de la postura adoptada por el senador del peronismo dialoguista, Miguel Pichetto, quien se negó a que el parlamento valide la negociación con el FMI, como proponen sectores de la oposición.

En la reunión previa, Dujovne le prometió a la central obrera que el acuerdo con el Fondo “no afectará los intereses de los trabajadores ni los derechos de la seguridad social”.

Así, los regímenes de jubilación se modificarán a través de proyectos que enviará el Ejecutivo al Congreso. Tal como anticipó este medio el domingo, las autoridades evalúan recortar algunos de los regímenes de jubilación anticipada del que gozan más de 50 actividades y extender la edad jubilatoria.

El acercamiento oficial busca quitarle margen de maniobra a Moyano, que junto a las dos CTA presiona para realizar un paro esta semana. El líder camionero cuestionó ayer el decreto de Triaca para descomprimir las paritarias privadas: "Seguramente este 5% lo puso el Fondo Monetario, así que en vez de negociar con el ministro de Trabajo (Jorge Triaca) tenemos que negociar con (Cristine) Lagarde".

El sindicalista se sentará este martes de nuevo con la Federación del Autotransporte de Carga (Fadeaac), en reclamo de un aumento salarial del 27%, en línea con la inflación proyectada por las consultoras y el Relevamiento de Expectativas del BCRA.

En las últimas horas, Moyano confirmó que el paro será en todas las ramas de la actividad, aunque sin cortes de ruta ni movilización, medidas que la semana pasada generaron un caos en la autopista Buenos Aires – Ezeiza.

Mientras que los empresarios abandonaron su oferta previa del 15% y ofrecerán “un 20% o más”, según confiaron a este medio. Además del reclamo de los camioneros, la cámara enfrenta presiones internas para exigir la declaración de emergencia por el impacto de la suba en combustibles y peajes.