Uruguay prorrogó para algunas empresas el plazo de que disponen para identificar a sus beneficiarios finales.

En enero de 2017, la Ley de Transparencia Fiscal creó un registro de beneficiarios finales en la órbita del Banco Central del Uruguay. La misma Ley establecía también el 30 de junio de 2018 como fecha límite para que las empresas reportasen a ese organismo la identidad de sus beneficiarios finales.

Sin embargo, el Parlamento uruguayo decidió prorrogar este plazo. Ahora, las sociedades de responsabilidad limitada y los fideicomisos tendrán tiempo hasta el próximo 30 de setiembre para cumplir con esta obligación, mientras que otras entidades (como por ejemplo los fondos de inversión) tendrán incluso más tiempo, hasta el 30 de noviembre próximo.

"Pese a ello, las buenas noticias no son para todos. Las sociedades anónimas no están comprendidas en la prórroga, manteniéndose para ellas inalterada la situación. Forzosamente, tendrán que informar antes del próximo 30 de junio", señaló a El Cronista Guzmán Ramírez, del Estudio Bergstein, de Montevideo.

La obligación de identificar a los beneficiarios finales cuenta con un alcance bastante amplio. No solamente comprende a aquellas empresas instaladas en Uruguay. También tienen la obligación de identificar a sus beneficiarios finales, las empresas extranjeras (como las argentinas) que tengan bienes en Uruguay con un valor superior a los u$s 307.000. Incluso, quedan comprendidos los fondos de inversión y fideicomisos del exterior cuyos administradores y fiduciarios residan en Uruguay, indicó Ramírez.

También las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro están obligadas a identificar a los integrantes de su comisión directiva o cualquier otro órgano encargado de la administración de la fundación/asociación. Los beneficiarios finales son las personas físicas que verdaderamente están detrás de la titularidad de la empresa, más allá de que no figuren formalmente como dueños de la compañía.