La relación entre el Gobierno y el sindicalismo podría verse alterada de nuevo.

Luego del paro del lunes, se aceleraron las presiones dentro de las centrales obreras para exigir la convocatoria inmediata al Consejo del Salario, encargado de actualizar el ingreso mínimo de toda la economía, hoy fijado en en $9.500.

La tentativa gremial choca, sin embargo, con la agenda del Ministerio de Trabajo, que definió el año pasado una suba del 24% hasta el próximo 31 de diciembre, y hasta con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que pidió moderar los aumentos como parte de una reforma laboral más amplia.

La discusión empezó a tomar temperatura al calor del reordenamiento de la CGT, que concluirá según lo previsto con la renovación de su conducción el 22 de agosto. Y ocurre en medio de la renegociación autorizada por el Ejecutivo para pactar ajustes salariales adicionales con un tope del 5% en el sector privado, una suerte de puente hasta la revisión de los acuerdos programada a partir de septiembre.

En medio de esas tensiones, el triunviro Héctor Daer le puso plazo a la cartera laboral para convocar al órgano tripartito, conformado por la CGT y las dos CTA, las cámaras privadas y funcionarios de Trabajo. "Tiene que ser el mes que viene (por julio)", dijo a iProfesional, aunque sin precisar si desde Azopardo ya cursaron la solicitud formal.

El titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, elevó el correspondiente pedido a fines de mayo pasado, semanas después de la corrida cambiaria que terminó de enterrar la pauta inflacionaria del 15% y elevó las expectativas salariales hasta un 30%.

Un estudio difundido en las últimas horas desde esa central mostró que el salario mínimo cayó un 6,3% interanual en el primer trimestre del 2018, el nivel más bajo desde 2005.

Para Micheli, el nuevo mínimo -tal como lo indica la ley- debería cubrir el costo de vida, que según la canasta familiar del INDEC gira en torno a los $18.800. Esto supondría un aumento del 97%.

Cerca de Triaca, en cambio, reconocen que "aún no hay fecha" para convocar al Consejo del Salario, que tiene entre sus funciones determinar el monto de prestación por desempleo, pautas de productividad y el valor de la canasta del salario mínimo.

La última vez que se reunió el organismo fue el 27 de junio del año pasado. Pero ante las diferencias entre las partes, Triaca emitió un laudo para otorgar un 24% en tres tramos (llevándolo desde $8.060 a $8.860 en julio, $9.500 en enero pasado, y $10.000 a partir de julio de este año). 

La inflación cerró en 24,8% en 2017, mientras que el primer tramo del aumento en ese período fue del 10%. La decisión unilateral de la cartera laboral provocó la reacción de rechazo de las tres centrales obreras. Pero además su vigencia se extendió por 18 meses, con lo cual rige hasta fines del 2018.  

Del otro lado, el compromiso con el FondoLa situación tiene otro componente que complica más el panorama: una actualización del piso salarial podría generar ahora un conflicto con el Fondo Monetario, con el que el Gobierno viene de acordar un plan de ajuste fiscal a cambio de un préstamo de u$s50.000 millones. 

En su informe del Artículo IV publicado en diciembre pasado previo al acuerdo, el organismo recomendó a la Argentina reducir el costo de las indemnizaciones, limitar la cobertura de los convenios colectivos y atar el salario mínimo a las pautas de inflación, alegando que el nivel actual "es probable que sea un incentivo a trabajar en el sector informal".

Según el organismo, el salario mínimo representa un 45% de la mediana salarial y cubre a un tercio de la fuerza laboral y la mitad de los trabajadores informales. Por ello, "indexar el salario mínimo a objetivos de inflación habilitaría un mejor balance entre alentar a trabajadores a entrar al mercado formal a la vez que se protege a los pobres", reza el documento.

La sugerencia del FMI tiene varias implicancias. Por un lado, vincula la discusión del piso salarial con uno de los objetivos previstos en la reforma laboral: el de la registración de los trabajadores informales. Por otro, hace innecesaria la existencia del Consejo del Salario, ya que de aplicar esos cambios los incrementos serían definidos de manera automática.

"El FMI le exige a Macri que elimine el Consejo de salario mínimo", advirtió en las últimas horas el exabogado de la CGT y actual diputado kirchnerista, Héctor Recalde. 

En su cuenta de Twitter, el legislador señaló que "la CGT debería pedir su inmediata convocatoria por la profunda pérdida de poder adquisitivo. La ley lo faculta. Hay sectores sumergidos y ni hablar de los trabajadores en negro".

En el Ministerio de Trabajo, en tanto, no dieron precisiones sobre la posibilidad de aplicar la recomendación del Fondo. En enero pasado, sin embargo, el Gobierno utilizó una modalidad similar a la sugerida. En un decreto firmado por Mauricio Macri, las autoridades resolvieron un incremento automático del 20% para el salario mínimo de la educación, suprimiendo en los hechos la paritaria nacional docente.

El DNU, además, disminuyó la representación proporcional de CTERA, la central de educadores con mayor cantidad de afiliados y que ahora llamó a un paro nacional para el lunes, en respuesta a la represión a los maestros de Chubut y en reclamo de paritarias libres.

Si bien la indexación del salario mínimo no volvió a ser mencionada en el reciente memorándum enviado por el Gobierno a Washington, el Ejecutivo avanzó en varios de los puntos que sigue de cerca el organismo multilateral conducido por Christine Lagarde.

Por caso, el cambio en las indemnizaciones figura en uno de los tres proyectos de reforma laboral que está trabado en el Senado y que ahora Triaca busca renegociar con el ala dialoguista de la CGT a través de contactos individuales.

La convocatoria del Consejo del Salario depende también de la resolución de la interna en Azopardo. Hasta que no se defina el nuevo consejo directivo, no está claro todavía quiénes integrarán la comitiva designada para integrar el órgano tripartito.

Con todo, la sensación compartida dentro del sindicalismo peronista es que después del contundente paro del lunes hay un mayor margen para obtener concesiones del macrismo e incluso cuestionar las directivas del Fondo.

"Las recomendaciones del FMI van a estar todas peleadas, hay un panorama distinto y ahora se va a pedir la reapertura de todas las paritarias", señalaron cerca de Antonio Caló, el líder del gremio metalúrgico.

Ese es el escenario que buscó evitar Triaca con el decreto que publicó antes del paro para reencauzar la discusión salarial dentro de una nueva pauta salarial del 20%.

Ahora, ante la inminente recesión pronosticada por las propias autoridades, los sindicatos buscan seguir el mismo camino de Camioneros, que obtuvo un 25%, mientras que los del neumático, el subte y aeronáuticos ya piden incluso un 30% de aumento.