Luego de que el presidente Mauricio Macri se excusara días atrás de participar en la renegociación del contrato de peajes con Autopistas del Sol, finalmente dicha operación fue aprobada.

Según el decreto 607 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó la renegociación con la firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

El acuerdo incluye un nuevo plan de inversiones para el acceso por un monto superior a los $7.312 millones, que permitirán actualizar la infraestructura del acceso y dar un adecuado servicio.

Con este contrato, el Gobierno puso fin a un proceso que duró 16 años y que requirió concesiones de ambas partes.

Por un lado Autopistas del Sol debió desistir del juicio por u$s1.135 millones que había iniciado en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Ciadi) contra el país.

Por el otro, el Estado le reconoció un monto por la obra que aún no fue amortizada, además de cobrar el peaje en las cabinas que ya existen en la traza que recorre el norte del Conurbano.

Según los números de la concesión, la empresa vial invirtió alrededor de u$s 1100 millones para construir la traza. De esa suma, u$s539 millones no se pudieron recuperar durante estos años donde la renegociación estuvo congelada.

A esa cifra se le restaron u$s40 millones en concepto de multas con el que el importe final al que se llegó es de u$s499 millones.

Autopistas del Sol es una empresa cuya mayoría accionaria está en manos de dos empresas europeas: la española Abertis (31,59%) y la italiana Impregilo (19,82%).

A través de SIDECO, el grupo Macri llegó a tener una participación del 23% en las acciones en la compañía. Aunque en mayo de 2017 vendió su participación en la compañía, por indicación de la OA, el Presidente se excusó de intervenir en la negociación.

La medida se justificó al indicar que "constituye un objetivo primordial del Gobierno Nacional el fortalecimiento de los pilares básicos del sistema republicano y la confianza de los ciudadanos en las instituciones".

En un decreto de marzo de 2017, firmado luego de que se desencadenara una fuerte polémica por la condonación de una multimillonaria deuda que Correo Argentino, empresa vinculada a la familia Macri, mantiene hace años con el Estado, se dispuso la obligatoriedad de que los máximos funcionarios presentaran una "declaración jurada de intereses".

Esa norma determinó que "el funcionario con competencia para resolver y respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos señalados en el citado decreto deberá abstenerse de continuar interviniendo en el procedimiento, el que quedará a cargo del funcionario al que le correspondiera legalmente actuar en caso de excusación".

En el marco de la renegociación contractual de Autopistas del Sol S.A., la Oficina Anticorrupción recomendó "la abstención de intervención del actual Presidente de la Nación en la firma ad referéndum del contrato".