María Eugenia Vidal se enfrenta en estas horas al desafío más importante desde que asumió como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Acostumbrada a ganarse una reputación de firmeza por enfrentar a "las mafias", le tocará ahora vencer a un rival potencialmente más duro para su futuro político: la restricción presupuestaria.

Todavía con altos índices de popularidad -tiene un 53% de imagen positiva según un reciente sondeo de Sergio Berensztein- sabe que en el actual contexto de estancamiento económico debe ofrecer soluciones para atenuar el deterioro de la situación social en el explosivo conurbano.

Fue en ese marco que se despegó del resto del Gobierno al adelantar el pago del aguinaldo y anunciar mejoras en jubilaciones y planes de asistencia social. También procuró el acercamiento a los intendentes para monitorear que no hubiera síntomas de protesta violenta en los diferentes distritos.

Y, con vistas a un 2019 para el que no está descartada su candidatura presidencial, también buscó asegurarse que la obra pública continuase a buen ritmo.

Pero cuando creía que los últimos acuerdos fiscales entre la Nación y las provincias le garantizarían la billetera suficiente para encarar ese plan, surgió su gran peligro: que en el marco de la obligada austeridad, sea el propio macrismo el que la obligue a ser la "variable de ajuste".

De hecho, desde el propio Gobierno le piden que dé señales de reducción del gasto y que ayude a lograr gobernabilidad en lo que queda de este mandato.

La mala noticia para Vidal es que ello implicará ceder bastante dinero, que la llevará a disminuir la inversión en la obra pública.

El punto que comenzó a negociar con el ministro de Economía nacional, Nicolás Dujovne y otros mandatarios oficialistas, como el porteño Horacio Rodríguez Larreta es determinar cuánto. Entre los referentes del oficialismo analizan el impacto real que representarían las transferencias de competencia (que incluye los subsidios) en los servicios de luz y gas en las cuentas de la provincia y de la Ciudad.

El malestar de Vidal se ve incentivado por el hecho de que, en el citado marco de austeridad, ella ya había mostrado ser "la mejor alumna" de Macri: el año pasado exhibió una reducción del 34% del déficit financiero.

Pero ahora "ceder un poco", como pide el Presidente le acarreará una discusión con los intendentes de su provincia, especialmente los peronistas del conurbano, ya que también verían afectados sus proyectos y eso podría jugarles en contra en un año electoral.

De esta forma, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, se abre un interrogante respecto de dónde saldrán los fondos para los recortes que deberán realizarse en pos del "esfuerzo" que Nación exigirá el año próximo, en el marco del acuerdo con el FMI.

Es en ese marco que la gobernadora se ha trazado un plan para resistir el embate desde los diversos frentes que le quieren erosionar su parte de la torta fiscal.

Traslado de costos

Desde la denominada oposición razonable también la miran de "reojo": la ven como la candidata más firme del oficialismo y como la persona más fuerte en la discusión del presupuesto del próximo año.

En ese contexto, quieren que sea la cara del ajuste y pidieron que la nación deje de solventar gastos millonarios que favorecen a los habitantes de los territorios y porteños, como los subsidios al agua, gas y energía a través de distintas empresas.

Tras los préstamos de los diversos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), la política de reducción del gasto público, el Gobierno considera que debe mostrar voluntad y predicar con el ejemplo.

Por eso, a la par de que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, negocia con los mandatarios provinciales opositores, Dujovne mantiene diálogo permanente con Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que sean los primeros en demostrar voluntad para acordar y aceptar recibir menos dinero. De hecho, ambos mandatarios ya se reunieron formalmente con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, para analizar las diferentes alternativas.

El paso siguiente del Gobierno nacional será el de acordar con las provincias manejadas por los aliados radicales como Mendoza, Jujuy y Corrientes. La idea, en el corto plazo, es terminar de delinear el proyecto de presupuesto en base a los lineamientos que se dieron a conocer hace pocos días. Por último, y con los números ya plasmados en un documento, será el turno de los opositores.

Sin embargo, no todos los gobernadores peronistas tienen la misma postura. El cordobés Juan Schiaretti le sugiere al Gobierno apartarse del pacto fiscal firmado el año pasado y no disminuir la carga de Ingresos Brutos de su recaudación local para no sentir tan fuertemente el impacto de las futuras medidas de ajuste.

¿Por qué el peronismo quiere trasladarle cargas a la Provincia de Buenos Aires? Según el informe de ejecución presupuestaria presentado por funcionarios bonaerenses, en 2017 el déficit de sus cuentas fue de $22.306 millones, un 34% inferior al resultado de 2016, y $12.000 millones menos que los proyectados en el presupuesto del año pasado.

Es decir, por primera vez en cuatro años la Provincia gastó menos que lo que recaudó y pudo destinar fondos, como los percibidos por las compensaciones por el Fondo del Conurbano, a la realización de obras públicas.

En el fondo, lo que quieren los otros gobernadores es que se destinen esos fondos a cubrir subsidios actualmente cubiertos por el Estado nacional.

Esta idea fue elaborada junto con los representantes peronistas en el Congreso. Algunos jefes provinciales le solicitaron al titular del peronismo en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, que se presente un proyecto en ese sentido. Eso fue lo que ocurrió y lo que obligó al Gobierno a variar su estrategia y lo convenció de absorber parte del ajuste.

Por el momento quedó descartada la transferencia del servicio de agua -con obras ya comprometidas y no sólo en los distritos macristas-, y por previsiones de planes que incluso tienen asistencia financiera externa, entre otros puntos.

El traspaso de los servicios de energía eléctrica, referido a las concesiones de Edenor y Edesur, sí se haría, luego de analizar la distribución de subsidios y las recomposiciones tarifarias.

Todavía se discute qué pasará con los subsidios al transporte pero, de acuerdo a fuentes consultadas por iProfesional, quedaría para una segunda etapa, ya que por razones técnicas y políticas, es un tema mucho más complejo, que no se puede resolver a corto plazo.

Vidal evalúa diversas alternativas y, para no sufrir una caída abrupta de los ingresos, tanto ella como Rodríguez Larreta solicitarían que los distintos traspasos sean en etapas. En épocas de fin de gradualismo, esta podría ser una de las pocas excepciones.

Los gobernadores y diversos legisladores peronistas remarcan que el recorte sea equitativo, con el foco en los "beneficios" para el área metropolitana y su impacto electoral.

En todos los casos, los funcionarios nacionales de primera línea les confirman a los mandatarios que "todo lo que está en ejecución está garantizado". Por ese motivo, los opositores tratan de dejar a un lado las diferencias políticas y encarar las definiciones con un pedido conjunto.

Todo ello está por verse, ya que desde Cambiemos les remarcan que la provincia de Buenos Aires produce el 37% de la masa coparticipable y recibe 23%, como una manera de limitar las exigencias.

Pero desde las provincias están confiados en que el recorte no será abrupto y recuerdan que hace pocas semanas, en medio de una jornada de incertidumbre financiera y cambiaria que obligó al Gobierno a recurrir al FMI, el presidente Mauricio Macri logró el apoyo de diez gobernadores y algunos legisladores peronistas.