La Cámara Nacional del Trabajo fijó audiencia para el próximo 20 de octubre para definir la forma en que se ejecutará el fallo de la Corte Suprema de la Nación que reconoció el derecho de trabajadores de Telefónica de Argentina a obtener bonos de participación en las ganancias de la empresa.

Fuentes judiciales indicaron que la Sala III del tribunal convocó para esa diligencia, en Lavalle 1554 de esta capital, a representantes de la empresa y a empleados y ex trabajadores de la compañí­a que iniciaron demandas por los Programas de Propiedad Participada (PPP).

Los trabajadores, representados por la abogada Liliana Zavala, sostienen que la norma constitucional que prevé el derecho de participar en las ganancias de la empresa prevalece sobre el decreto dispuesto durante la gestión menemista que excluí­a los trabajadores de ese beneficio.

Relacionado con este hecho el ex ministro de la Corte Suprema y ex Auditor General de la Nación, Rodolfo Barra, aparece imputado en una causa penal por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según publicó Télam.

Un par de meses atrás, la Corte declaró la inconstitucionalidad del decreto 395/92 que, tras la privatización del servicio telefónico, eximí­a a las licenciatarias del servicio nacional de telecomunicaciones de emitir esos bonos.

El máximo tribunal afirmó que cuando se llamó a concurso público para privatizar ese servicio la normativa existente "exteriorizaba sin duda alguna el ejercicio positivo por parte del Poder Ejecutivo de la opción de implementar un programa de propiedad participada".

El objetivo del PPP era que "los empleados que fueran transferidos a las sociedades licenciatarias pudiesen adquirir parte del capital social".

El voto mayoritario de la Corte destacó entonces que "la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, integra el plexo de derechos y garantí­as que, de conformidad con el artí­culo 14 bis dela Constitución Nacional, las leyes deben asegurar al trabajador a fin de conferir protección al trabajo en todas sus formas".

La emisión de bonos de participación en las ganancias estaba prevista en la ley 23.696 de Reforma del Estado, que contempló los procesos de privatizaciones puestos en marcha en 1989 por el entonces presidente Carlos Menem.

Como el decreto 395/92, reglamentario de la ley, eximió de esa obligación a las empresas de telecomunicaciones, los trabajadores de las privatizadas iniciaron demandas por daños y perjuicios contra esas firmas y el Estado Nacional.

En el caso "Gentili" -dirigido contra el Estado y Telefónica de Argentina-, resuelto por la Corte, la mayorí­a concluyó que el decreto estaba "indudablemente viciado de inconstitucionalidad "por ser contrario al espí­ritu de la ley que debí­a reglamentar.