El pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que impulsa el Gobierno viene a darle continuidad a un accionar que se hizo costumbre por parte de la dirigencia política en el último año, con un total de 18 proyectos de este tipo que la oposición presentó a lo largo de 2022 en la Cámara de Diputados contra funcionarios y también contra un juez del máximo tribunal.

El juicio político es una herramienta constitucional prevista en los artículos 53, 59 y 60 de la carta magna. Sin embargo, en el último se pudo observar una suerte de abuso de este instituto que, para colmo, queda siempre reducido a un acto simbólico, un gesto político, por la sencilla razón de que ningún sector logra hoy alcanzar la mayoría de dos tercios que se requiere para llevarlo cabo.

Prueba de ello son los 18 pedidos de juicio político que Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición presentaron durante 2022 contra el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios ministros del Gabinete nacional, a quienes se suma el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, apuntado por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

De todas esas presentaciones hubo 7 contra el Presidente. Sin embargo, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que se encarga de iniciar el debate sobre esas presentaciones no discutió ninguna de ellas.

Esa comisión es presidida por la oficialista Carolina Gaillard y tiene mayoría del Frente de Todos, lo que le permitió congelar esos planteos. Por la misma razón no ocurrirá lo mismo con el proyecto que ahora impulsa Fernández junto a un grupo de gobernadores contra la Corte Suprema, que sí será tratado por ese cuerpo legislativo.

Pedidos de juicio político: ¿a quiénes apuntó la oposición?

Alberto Fernández anunció el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte el 1 de enero, pero pocos días antes Juntos por el Cambio le dio un "cierre" al año 2022 con cuatro presentaciones en el mismo sentido contra él.

En 2022 la oposición presentó 7 pedidos de juicio político contra Alberto Fernández

Esos pedidos de juicio político contra el Presidente fueron presentados como una catarata entre el 26 y el 27 de diciembre por los bloques de la UCR, del PRO y por los diputados Ricardo López Murphy y José Luis Espert, respectivamente, por el "incumplimiento" del fallo de la Corte que ordenó devolver fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.

Previamente hubo otros 3 pedidos de juicio político contra el mandatario. Uno fue presentado en julio de 2022 por Espert, quien sostuvo que "las constantes medidas erráticas en materia económica" pusieron en duda la "capacidad e idoneidad" de Fernández como presidente.

Los otros dos fueron impulsados en agosto por distintos bloques de Juntos por el Cambio que calificaron como una "amenaza" una declaración del Presidente sobre el fiscal de la causa "Vialidad" Diego Luciani durante una entrevista televisiva en la que, consultado por la muerte en 2015 de Alberto Nisman, dijo: "Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani".

En tanto, el 16 de diciembre de 2022 López Murphy presentó otro pedido de juicio político pero contra Cristina Kirchner, tras la sentencia a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa "Vialidad". El diputado sostuvo que "es inadmisible que los argentinos tengamos una vicepresidente condenada por hechos de magnífica corrupción sistémica".

Los ministros acusados por la oposición

Entre los demás pedidos de juicio político presentados en 2022 también hubo 4 en contra del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El más importante, impulsado por la Coalición Cívica y el PRO, fue el que acusó al funcionario de mal desempeño en sus funciones tras el atentado contra Cristina Kirchner el 1 de septiembre pasado.

Otros pedidos de juicio contra el ministro fueron por haber respondido, durante una rueda de prensa en la provincia de Santa Fe, que no le preguntaran a él por la ola de inseguridad en ese distrito sino a las autoridades provinciales que "en 20 años no resolvieron el tema" y por supuestas "amenazas" contra el dibujante Nik, con quien protagonizó un cruce en Twitter.

Aníbal Fernández es el ministro con más presentaciones en contra en la Cámara de Diputados 

Entre los ministros que tuvieron pedidos de juicio político también estuvo Martín Soria (Justicia), a quien la UCR denunció por haber dicho que "sería lindo" tener "las mayorías" necesarias en el Congreso para remover a los jueces de la Corte Suprema, y el canciller Santiago Cafiero, que tuvo dos presentaciones en contra.

Una fue por haber mantenido en su cargo de embajador en Israel al ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri tras haber recibido una condena a 8 años de prisión por supuestos hechos de corrupción y otra por "no activar las alertas rojas para la detención de uno de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA" tras conocerse que estaba en Pakistán. La primera fue del PRO y la segunda del mismo partido, junto al libertario Javier Milei.

También hubo dos pedidos a principios de enero de 2022 contra los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta (que renunció el año pasado) por haber visitado en Jujuy a la dirigente kirchnerista Milagro Sala, detenida y condenada por delitos de corrupción.

Otro planteo de juicio político con la mira en la Corte

Carrió mantiene desde hace años un enfrentamiento con Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia desde 2004. La líder de la Coalición Cívica acusó en varias ocasiones al magistrado por diversos delitos relacionados, siempre según la dirigente, a negociaciones y pactos con distintos sectores del poder tanto durante la gestión kirchnerista como en el gobierno macrista.

En mayo de 2022 la Coalición Cívica amplió un pedido de juicio político contra Lorenzetti bajo la acusación de "obstruir la labor legislativa de manera fraudulenta, mediante un engaño a sus interlocutores".

Según el partido que lidera Carrió, el juez le había comunicado a dirigentes de la oposición que todos los miembros de la Corte Suprema estaban de acuerdo en no integrar el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección y remoción de jueces que durante todo el año fue el centro de un grave conflicto político que se mantiene hasta hoy.

Carrió sostuvo que Lorenzetti intentó hacer gestiones ante dirigentes de Juntos por el Cambio para apoyar el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura que el kirchnerismo aprobó en el Senado y envío a la Cámara de Diputados.