El presidente argentino, Alberto Fernández, fue declarado "en rebeldía" en la causas iniciada a apartir de la demanda por daños y perjuicios que le entabló el juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia.

Ante la presentación judicial, el primer mandatario fue notificado dos veces en la residencia de Olivos para que responda la demanda, el 27 y el 28 de junio. Pero, Fernández no se presentó dentro del plazo previsto y, sin más novedades, la Justicia dictó la rebeldía. Todo ocurrió en la más absoluta reserva el 10 de agosto pasado. Apenas tres días antes de la PASO.

"En atención a lo solicitado y no habiéndose presentado el demandado Alberto Ángel Fernández a pesar de encontrarse debidamente notificado conforme a lo dispuesto por el artículo 59 del Código Procesal, decláraselo rebelde", dice la resolución del juzgado civil 45.

Los abogados de Bruglia pidieron que expresamente se volviera a notificar al jefe de Estado, en la Quinta de Olivos, de su situación de rebeldía.

 

La nueva notificación fue este martes. Apenas horas 48 horas después, el abogado Gregorio Dalbón -junto a su colega Virginia Casolla– se presentó en el expediente para constituirse en apoderado del demandado y reclamar que se cese el estado de rebeldía de su cliente, el Presidente de la Nación. Entonces, luego, el juez en lo civil Carlos Goggi decretó el cese de rebeldía, a través de su web.

¿De qué se trata la demanda contra Alberto Fernández?

La demanda millonaria que el juez Bruglia presentó contra Alberto Fernández es por dañar su honor y dignidad y afectar su imagen pública. La aludida ofensa se disparó cuando el titular del Poder Ejecutivo trató a Bruglia de ocupar un cargo en la Cámara Federal en contra de la Constitución Nacional.

Fue el el 2 de noviembre , desde su cuenta de Twitter, después del fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña en donde se resolvió dejar en libertad a los cuatro integrantes de la agrupación "Revolución Federal", en la mira de la vicepresidenta Cristina Kirchner desde su intento de homicidio. Para criticar el fallo, el jefe de Estado aseguró que dos de los integrantes de ese tribunal "ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución".

El camarista reclama un resarcimiento económico de $40 millones y la retractación pública del jefe de Estado

De inmediato, Bruglia denunció públicamente la "gravedad institucional" de esas manifestaciones, sostuvo que no es ilegítimo, habló de una injerencia sobre el Poder Judicial y sostuvo que los dichos de Fernández son "ofensivos", "falaces" e "inaceptables. Y anunció una demanda por daños y perjuicios y su renuncia a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por no haber salido rápidamente a repudiar esas expresiones.

"No estamos ante un hecho de simple ofensa. Estamos hablando de un Presidente de la Nación, descalificando falazmente a un juez de la Nación, utilizando un medio de comunicación masivo y con enorme repercusión social. Es evidente que no se lo puedo permitir", sostuvo Para Bruglia, Fernández sólo buscó descalificar un fallo que no era de su agrado generando "una estigmatizante, denigrante y humillante imputación" con "absoluta deslealtad" a la verdad.

El camarista reclama un resarcimiento económico de 40 millones de pesos y la retractación pública del jefe de Estado. "No es sustancial para mí la solución patrimonial. No llega a restaurar lo dañado. Es una cuestión de límites, de excesos y de impunidad". Y, en plan de demostrar su postura y cuantificar el agravio, le pidió a la justicia que confirme si el Presidente es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ordene un peritaje que determine los "criterios de realidad" del mandatario y llame a declarar a un grupo de testigos, entre los cuales sobresale la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió.

Ahora, cesada su situación de rebeldía, Alberto Fernández tendrá posibilidad de cuestionar sólo lo que pase a partir de ahora en la causa. El tema ya está en manos del juez, a cargo de resolver el fondo de la cuestión.