El componente mas importante de los sistemas democráticos modernos es la representación política. Dice la Constitución Nacional, que la Argentina adopta para su gobierno, la forma representativa republicana federal, y refuerza la idea cuando establece que: "El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes". Una clásica república democrática moderna, en la que el tamaño de las sociedades impide el ejercicio de la democracia directa.

Sin embargo, esa representación ha entrado en crisis. Ya nadie representa a nadie, al menos no por mucho tiempo, por el simple hecho de que un solo representante no puede mantener comunidad de opiniones en todos los temas, con todos sus representados. La velocidad y distribución de la información hace que hoy, a diferencia de 20 años atrás, todas las personas puedan saber cada cosa que hace su representante, como vota cada proyecto dentro del Congreso, por ejemplo.

Crisis de representación: el desafío que afronta la política argentina

Y como es tan diversa la cantidad de iniciativas que se tratan, es imposible que ese representante conforme en cada caso a todos los que lo votaron, por lo cual, pierde legitimidad inmediatamente. Esto, por cierto, ocurrió siempre, pero el ciudadano no podía estar tan al tanto de como votó en cada caso cada uno de los legisladores nacionales. Hoy, todo eso está totalmente expuesto.

Sin embargo, otro factor sustancial de la pérdida de legitimidad que afecta a la calidad democrática, es el sistema electoral. Ya nadie cree en el modo de selección de gobernantes, ni en las autoridades que controlan las elecciones. Entran en juego aquí, el desprestigio de las instituciones y especialmente la falta de credibilidad del Poder Judicial. Según un estudio publicado por CIGP de este mismo año, el 60% de las personas desconfía de la Justicia, que es la que rige los procesos electorales.

Ahora bien, esa desconfianza intuitiva, obtiene una justificación mas concreta cuando se analiza el desempeño de la Justicia en materia electoral. Lo cierto es que el diseño es un tanto perverso. Cuando uno es objeto de una imputación penal de orden federal, por ejemplo, tiene posibilidad de que su causa caiga en uno de doce jueces (de ser en Capital Federal), los magistrados que trabajan en el famoso edificio de Comodoro Py.

Pero cuando uno tiene un litigio en términos electorales, en estas elecciones o en cualquiera de los anteriores, siempre tiene un solo juez a quien recurrir y siempre, obviamente, el mismo. Esto ocurre también en cualquier provincia, el magistrado con competencia electoral es uno y siempre el mismo. Y si debe apelar porque la decisión de ese magistrado no lo convence, el superior jerárquico es una Cámara Electoral con una única Sala, compuesta por tres magistrados, que por cierto son siempre los mismos.

Con grupos cada vez más pequeños y heterogéneos, la representación política se vuelve casi nula.

Esto tergiversa el sistema. Los magistrados de todos los fueros tienen un vínculo con la política, de hecho, los propone el Presidente de la Nación y sus pliegos los acepta el Senado. Pero los jueces y camaristas electorales mantienen en forma constante su vínculo con la política, naturalmente entonces quedan enrollados en las intrigas del poder, terminan favoreciendo a los partidos que casi siempre gobiernan, en desmedro de los otros, y ensucian el proceso electoral colmándolo de dudas sobre sus siempre polémicas decisiones.

La Justicia, cada vez con menos legitimidad

De hecho y como simple anécdota, a fines de la semana pasada la cuenta de Twitter de la Cámara Electoral le dio un "me gusta" a un posteo que denigraba nada menos que al candidato presidencial Javier Milei. Seguramente se trató de un error de un community manager que la pagará caro, pero desnuda a un esquema perverso, un diseño judicial diagramado para mantener los privilegios de los políticos de siempre.

La solución a esto es más simple. El Código Nacional Electoral es una norma sencilla, de 160 artículos casi todos procedimentales, no requiere un conocimiento científico especializado de demasiada profundidad. Los jueces electorales deberían ser rotativos, elegidos por sorteo del Consejo de la Magistratura cada dos años, para cada proceso electoral, de modo que no sea tan sencillo que se transformen en una parte del sistema político, sino que exista una mayor independencia.

La misma lógica debería aplicarse a la Cámara Nacional Electoral. Ese rol tendría que ser ocupado por tres camaristas federales electos también por sorteo cada dos años, para una elección específica, y aquellos que ocuparon el rol en la elección actual, no pueden ser sorteados en las próximas dos elecciones. Ello le daría a quienes deben impartir justicia, mas independencia de los propios justiciables, y, por otro lado, reduciría un gasto ocioso e innecesario del Estado, manteniendo un fuero de modo permanente que no tiene actividad relevante durante un año y medio cada dos.

Boleta única: ¿sí o no?

Por cierto, no es el único cambio a realizar. La boleta única como modo de emisión del sufragio es sustancial, evita gastos escandalosos en boletas, la necesidad de fiscales para que no desaparezcan las boletas de los partidos mas chicos, incrementa la equidad electoral y ha demostrado su eficiencia en provincias como San Fe y Córdoba, con diferentes modalidades.

También sería menester modificar el sistema de primarias, impidiéndole participar de las mismas a las agrupaciones políticas que presentan un candidato único o lista única, porque pone en severa desventaja a las agrupaciones donde se presenta una competencia real. En el primer caso, el candidato único hace una campaña completa, con todo el dinero y los espacios en radio y televisión que le otorga el Estado, mientras que los que tienen competencia deben dividir ese dinero y esos espacios con sus rivales internos en partes iguales.

La Cámara Nacional Electoral no parece estar a la altura de las circunstancias y pierde legitimidad.

En un escenario con solo dos agrupaciones, una de ellas con candidato único y la otra con competencia, el primero hará dos campañas completas, la de la PASO y la de la elección general, mientras que el ganador de la interna del otro espacio, dispondrá de una campaña y media. Terrible inequidad para quien cumple el espíritu de la ley de primarias.

No vamos a resolver la carencia de legitimidad producida por la crisis de representación con estas medidas, dado que las motivaciones de dicha crisis son multicausales, pero debe hacerse un esfuerzo para recuperar una porción de la misma, la política debe exhibir voluntad de acercarse a la gente y de mejorar su vínculo. Porque en la medida en que se esfuerce por preservar un sistema endogámico destinado a protegerse, que involucra también a los magistrados, la lejanía con la sociedad se incrementa y el riesgo de que el sistema completo colapse por transforme en totalmente ilegítimo, se agrava.