Tras los idas y vueltas que dejó la tensa negociación por la Ley ómnibus, el Gobierno debió ceder y -a través del ministro de Economía, Luis Caputo- comunicó que eliminarán el capítulo fiscal del mega paquete de reformas.

"Hay un capítulo fiscal que habíamos incluido en la ley con el objetivo de llegar a nuestro compromiso que tomamos con la sociedad de equilibrar nuestras cuentas fiscales y llegar al déficit cero. Escuchamos a todos y compartimos buena parte de esos reclamos. Lo que de ninguna manera queremos es que, por este capítulo fiscal, se demore algo que es necesario y urgente, que es lo que realmente queremos mostrarle al mundo, porque están todos mirando. Es por ello que hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases de manera de facilitar y acelerar su aprobación", sostuvo el ministro a última hora de este viernes.

Retenciones, Bienes Personales y Ganancias: qué dicen los puntos que se eliminan de la Ley ómnibus

El capítulo fiscal era uno de los más centrales para el Gobierno, ya que es el que más afecta a los ingresos y gastos del Estado. Tras ceder ante los reclamos de la oposición dialoguista, estos son los puntos que se eliminarán.

Retenciones

El Gobierno calcula que la aprobación para una suba de las retenciones al campo y la industria le podría reportar u$s1.000 millones más de recaudación.

Según el artículo 200 del proyecto de Ley ómnibus, los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%, lo que afectará a todas las producciones industriales, agroindustrias y producción agropecuaria, alcanzando productos de economías regionales que en muchos casos bajaron a 0% en septiembre pasado por una decisión del exministro de Economía, Sergio Massa.

Sin embargo, una planilla de Excel que preparó el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, con la afectación del proyecto de Milei sobre 35.000 posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, y a la que tuvo acceso iProfesional, subas, bajas y mantenimiento en 0% de los DEX para distintos productos.

Caputo anunció que desestimarán el capítulo fiscal de la Ley ómnibus para facilitar su avance en el Congreso.

En concreto las retenciones quedan como sigue:

1. Harina y aceite de soja: hoy están alcanzados con 31% se incrementan al 33%, quedando igual que el poroto. Esto afecta a la agroindustria de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
2. Se incrementan a 8% los DEX para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola, y al aceite y la esencia del limón. Estos productos estaban en 0% desde septiembre y antes tributaban 4,5%.
3. Al respecto, el diputado Nieri remarcó que "las retenciones a las producciones regionales no se pueden aprobar, porque en casos como el del vino, se pone en riesgo la misma existencia de las empresas y los puestos de trabajo; Argentina compite en los mercados externos con Chile, que no paga DEX y también logra que no le cobren aranceles otros países".
4. Se mantienen sin modificación los DEX actualmente vigentes para los hidrocarburos (8%) y la minería, aunque el proyecto pide autorización legislativa para que el Gobierno pueda subirlas si se ve conveniente.
5. Se mantiene en un 0% la alícuota de DEX para todas las mercaderías correspondientes a los siguientes complejos exportadores: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana.
6. En tanto bajan las retenciones, según la planilla de Espert, las papas (de 4% a 0%).
7. También bajan las retenciones de carbón y similares (16% a 2,5%); algunos insumos industriales como minerales o productos químicos (de 4% a 2,5%) y con la misma baja¨se benefician muchos medicamentos, mientras se mantienen en 4% las vacunas y suben a 15% el resto de los productos industriales.

Entonces, las subas de alícuotas afectan especialmente a la industria automotriz; las economías regionales de carnes bovinas (hoy 9%), madera, maní, vino, y productos del complejo agroindustrial, y las distintas cadenas del agro vienen insistiendo ante sus gobernadores para que pidan la inclusión de más productos exentos en el proyecto.

Bienes Personales

Antes de anunciarse que se eliminaría el capítulo fiscal, el Gobierno esperaba que el impuesto a los Bienes Personales alcanzara a contribuyentes que -hasta el 31 de diciembre- no tuvieran activos gravados por un valor mayor a los $100 millones. En cuanto a la vivienda, quedaría exenta si su valor no supera los $350 millones.

Este intento fallido de modificación surgió luego de que el oficialismo dialogara con otros espacios, ya que el texto original establecía pisos mucho más bajos ($27,3 millones y $136,8 millones, respectivamente).

El Gobierno decidió descartar los cambios previstos en Ganancias, Bienes Personales, retencionesy blanqueo.

Impuesto a las Ganancias

La propuesta de la nueva gestión respecto de este tributo era establecer un piso de $1.250.000 en la remuneración bruta (sueldo neto de $1.053.291), en el caso de un empleado o jubilado sin deducciones por familia. Hasta hoy es de 15 salarios mínimos ($2.340.000).

Los montos de las deducciones y de las escalas se actualizarían de manera trimestral, según la inflación. Las fechas previstas eran abril, julio y octubre, y luego en enero de 2025. Además, la carga tributaria podrá reducirse si se aplican otras deducciones por conceptos como el pago de salarios del servicio doméstico, honorarios médicos o cuotas de colegios.

Finalmente, este punto también quedó descartado.

Blanqueo de capitales

El Gobierno esperaba implementar tres puntos claves en este sentido:

• Establecer que los sujetos no residentes (que adhieran al "Régimen de Regularización de Activos") no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombres de terceros.
• Incorporar como sujetos excluidos a los funcionarios que hayan permanecido en ese rol en los últimos cinco años (únicamente funcionarios del gobierno de Alberto Fernández).
• Se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme.
• Destinar lo producido del Impuesto Especial de Regularización a la capitalización del Banco Central de la República Argentina.

Finalmente, el Poder Ejecutivo decidió desestimar este cambio para que avance la Ley ómnibus sin mayores obstáculos.