La jueza porteña Alejandra Provítola procesó a tres hombres acusados integrar una asociación ilícita que conseguía planes sociales y les cobraba una comisión a las personas que percibían ese beneficio.

La investigación tuvo su origen en diciembre de 2019, cuando un oficial -que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de una sucursal bancaria ubicada en Avenida Callo al 100- advirtió la presencia de dos hombres que ingresaban a la zona de cajeros automáticos y efectuaban varias operaciones. Para ello, utilizaban diversas tarjetas bancarias, consta en el resumen del caso publicado en el sitio web de la Procuración, Fiscales.

Se sospecha que eran punteros políticos y que se quedaron con la mitad de lo que les pagaban a los beneficiarios, alrededor de $3 millones. Si se calcula el valor del dólar entre fines de 2017 y 2019, cuando cometieron la estafa, el promedio es de $36 por dólar. Es decir en ese momento, representaban más de u$s83.000.

Ante la sospecha de que se tratara de plásticos sustraídos o clonados, el policía procedió a identificar a los dos hombres y a determinar si las tarjetas estaban a su nombre. Tras realizar diversas medidas de prueba, el 16 de agosto de 2021 la jueza procesó a dos de los imputados como coautores del delito de "defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades".

La fiscalía logró determinar que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa.

A partir de eso, la fiscal requirió una serie de medidas que evidenciaron que los dos hombres procesados junto a un tercero integraban -en calidad de miembros- una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y diciembre de 2019, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes. 

Los damnificados les entregaban el dinero o las tarjetas de débito junto a sus correspondientes claves de acceso

Defraudación a beneficiarios del Argentina Trabaja

A través de la organización, los tres imputados habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas, que percibían planes sociales de los programas "Argentina Trabaja" y -luego renombrado- "Potenciar Trabajo", del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido su dinero.

La maniobra desarrollada por los imputados consistía en simular que tenía injerencia en el otorgamiento, permanencia o quita de beneficios sociales. Así, hacían inscribirse a las víctimas en los planes sociales y, una vez verificado que se les había concedido, les exigían el 50% o un porcentaje menor del subsidio. Las personas damnificadas les entregaban el dinero o las tarjetas de débito junto a sus correspondientes claves de acceso, para que efectuaran las extracciones.

También, las víctimas eran obligadas a mantenerse dentro de la cooperativa en la que se los inscribía, a captar nuevas víctimas o a asistir a marchas sociales relacionadas con los movimientos sociales dentro de los cuales funcionaban esas cooperativas.

En base a las pruebas recabadas por la fiscalía, la jueza Provítola dictó los procesamientos con prisión preventiva de los tres hombres como coautores del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros; y coautores de los delitos de "defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño -reiterado respecto de al menos 20 víctimas-, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado en grado de tentativa -respecto de al menos 2 víctimas-, estafa reiterada -en tres oportunidades- y extorsión".

Además, determinó la privación de la libertad de los tres procesados bajo la modalidad de arresto domiciliario y que fueran incorporados al régimen del "Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica", dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, a fin de que se les instalara los respectivos dispositivos electrónicos de rastreo o posicionamiento.

La jueza también dictó el embargo de los bienes de los tres imputados hasta cubrir la suma de $ 1.613.265 cada uno y mantuvo las prohibiciones de salida del país y acercamiento y contacto con las víctimas de los hechos investigados.