Uno de los principales directivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) afirmó en las últimas horas que "…en la dirección general de recursos de la seguridad social nos falta gente. Están trabajando a destajo, sin parar, labrando expedientes y multas y realizando controles porque donde tocas sale pus. La orden es ir contra los empresarios que contratan monotributistas y que no son trabajadores eventuales. Con mirar la SUBE, el inspector ya puede tener un indicio firme de si una persona cumple funciones en una empresa. Si va de lunes a viernes de 10 a 18 horas al mismo local, ya sabes que la persona está trabajando en negro".

Muchas de esos expedientes se libraron contra las apps de delivery PedidosYa y Rappi, la red de inmobiliarias Remax y la cadena de fábrica y venta de calzado, Grimoldi.

Oficialmente, la AFIP informó que, en el último mes, y en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización pudieron determinarse deudas por 7.500 millones de pesos a plataformas digitales correspondientes a la actividad de deliverys; 80 millones de pesos a una gran cadena de gimnasios; y más de 40 millones de pesos correspondientes a una empresa del rubro calzado.

La AFIP sigue a la caza de empresas evasoras

"Hemos hecho un gran trabajo de investigación y fiscalización para poder hoy denunciar a quienes evadieron el pago de aportes y contribuciones. Esto impacta de forma directa en las condiciones laborales de los trabajadores, nuestra intención es siempre proteger los derechos de los trabajadores", aseguró el titular del organismo recaudador, Carlos Castagneto.

Ahora bien, en la AFIP tomaron nota que "la planta de personal registrado no subió en una década al revés de lo que sucede con los monotributistas. Todos sabemos que en las empresas los toman para evitar los aportes", señala el mismo asesor consultado.

Las herramientas punitivas con las que cuentan en la Dirección de seguridad social están relacionadas con la Resolución General 4087 que indica que los contribuyentes que no sean confiables en temas de seguridad social, podrán tener acceso limitado para realizar trámites en la página web del organismo. 

Empresas como Rappi y PedidosYa, quedaron en la mira de AFIP, que busca combatir el trabajo informal.

Una resolución que también analizan en la ANSES y que está linkeada con la actividad que desarrolla la persona jurídica inscripta y su capacidad económica y financiera que es tomada de forma presunta para detectar incumplimientos previsionales y, también, impositivos.

La búsqueda de infractores se extiende a otras compañías de servicios y, en las últimas semanas, se inspeccionaron cadenas de gimnasios y aerolíneas low cost. 

Además, se intimó a un frigorífico de la zona norte del Gran Buenos Aires por una determinación de 700 millones de pesos por deudas de aportes y contribuciones, junto a multas, por la detección de una falta de registración laboral de trabajadores.

Precarización laboral: crece el trabajo no registrado y el cuentapropismo

Los datos oficiales del mundo laboral indican que a partir de la salida de la pandemia de Covid-19, cerca de 8 de cada 10 nuevos empleos fueron puestos asalariados no registrados y cuentapropistas no profesionales. 

Estas categorías explican casi el 80% de los 3,2 millones de puestos de trabajo generados entre el tercer trimestre de 2020 e igual período de 2022, lo que redunda en un incremento de la informalidad.

El empleo informal se caracteriza por ser aquel que no tiene reconocidos todos sus derechos como trabajadores, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) analizados para el sitio chequeado.com por el investigador del Conicet, Jorge Paz, "entre el tercer trimestre de 2016 e igual período de 2022, se incorporaron al mercado laboral 2,2 millones de personas".

El trabajo informal crece por la alta presión fiscal y AFIP busca combatirla con sus intervenciones.

De ese total de nuevos empleos, sólo el 10,8% (250 mil) son asalariados formales, es decir, que realizan aportes al sistema de seguridad social y tienen beneficios como obra social, vacaciones pagas e indemnización por despido, entre otros. 

En tanto, el 46,9% (1 millón) son cuentapropistas no profesionales y el 40,8% son asalariados no registrados (942 mil) y el 1,5% patrones pequeños, es decir, dueños de emprendimientos de menores dimensiones.

Para el académico Oscar Gini, de la Universidad Siglo XXI, "El fraude o la simulación laboral que comete un empleador al contratar bajo la forma de la locación de servicio, ya sea que esté inscripto en el monotributo o lo haga inscribir con dicha figura, cuando en realidad es un empleado en relación de dependencia es un tema de mucha relevancia en nuestros días".

En ese sentido, enumera los derechos que se transgreden: "El principal derecho que se viola cuando se cometen estos actos maliciosos, es el derecho del trabajo y de la seguridad social, contemplado en el Artículo 14 bis1, de la Constitución Nacional Argentina. En el mismo se menciona que el trabajador gozará de la protección de las leyes, haciendo referencia al resguardo de la persona más vulnerable en una relación laboral, el empleado. La pasividad de este último surge porque con tal de seguir realizando sus tareas y obteniendo una remuneración fija, no le interesa la condición en la que está, declarado, no declarado o como locador de servicios, y ahí es cuando surge el aprovechamiento fraudulento por parte del empleador".

Esta problemática es observada en la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 142, en el cual se afirma que los contratos son nulos si las partes actuaron con simulación o fraude.

Por estas razones, hay coincidencia entre el ministro-candidato, Sergio Massa y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, cuando afirman que "…las formas de trabajo han cambiado en nuestro país y en el mundo, las plataformas nos muestran otro panorama y por eso modificamos e incrementamos la metodología de verificación para poder detectar la evasión en esos sectores".