La semana pasada la Secretaría de Comercio sorprendió a las empresas de alimentos y bebidas con una nueva regulación por la cual, además de someterse a los tradicionales controles de la ANMAT, ahora los rótulos y etiquetas de sus productos deberán tener la aprobación de ese organismo. 

La disposición 420/2015, que comenzó a regir el viernes pasado, crea un sistema de control llamado FDR (Fiscalización de Rótulos) que obliga a todas las empresas de alimentos, bebidas, perfumería y limpieza, a presentar ante ambos organismos todos los rótulos, etiquetas y publicidades de marcas y productos antes de ser lanzados al mercado.

Además, obliga a adaptar las etiquetas ya existentes en un plazo máximo de 60 días hábiles a partir del viernes pasado.

El objetivo de esta disposición es fiscalizar si los contenidos de rótulos y etiquetas no engañan o confunden al consumidor. Según dijo el propio secretario de Comercio, es una herramienta que algunas empresas utilizan paraocultar aumentos de precio.

En ese marco, y argumentando que algunas de las medidas serían imposibles de cumplir, grandes alimenticias locales y extranjeras lograron la intervención de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que envió un instructivo a sus socios para orientarlos en cómo actuar.

Según pudo saber el diario El Cronista, la entidad empresarial presentó un reclamo administrativo "impropio" y la ANMAT otorgó una prórroga que venció el viernes pasado.

Como el organismo público no respondió al pedido, la Copal envió una carta a sus empresas asociadas con la recomendación del estudio de abogados que asesora a la entidad empresarial. En uno de sus párrafos, el escrito al que accedió el matutino pide que las compañías cumplan con lo reclamado por Comercio Interior pero realizando a la misma vez una presentación ante la ANMAT para manifestar su oposición a la medida.

Según la Copal, las compañías deben sostener que "la presente notificación y las que en el futuro puedan eventualmente ser realizadas no implica consentimiento de la Disposición ANMAT N°6516/15, y se efectúa teniendo en cuenta su fuerza ejecutoria y a los efectos de evitar cualquier tipo de sanción que pudiera derivar de su incumplimiento".

Esto debe ser complementado con una advertencia sobre "efectuar expresa reserva de cuestionar la legitimidad de la misma a través de los procedimientos administrativos y/o judiciales que resulten pertinentes (incluso por intermedio de las Cámaras o Asociaciones que representan los derechos de las empresas del rubro) por considerar que la misma resulta irrazonable, desproporcionada e impone obligaciones de imposible cumplimiento", según indica el instructivo al que accedió El Cronista.

El consejo de la Copal se debe a que, de no cumplir con los nuevos requisitos, las empresas se exponen a multas de hasta $5 millones, decomiso de mercadería, clausuras de plantas y hasta la suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que contraten con el Estado, entre otras sanciones.