A la hora de vender, todo vale. Esa parece ser la consigna de muchos comerciantes que buscan tentar a los consumidores con promociones que no siempre son reales. Más en épocas de inflación en las que la volatilidad de los precios hace que se pierda referencia del valor de los productos.

En los últimos tiempos se ha generalizado en gran cantidad de negocios una práctica curiosa: ofrecer descuentos de 20% o más por el pago en efectivo como una forma de alentar el alicaído consumo.

Un cliente desprevenido podría pensar que está frente a una buena oportunidad pero, en verdad, no es otra cosa que un anzuelo que no implica ningún beneficio. Al contrario. Lo que el comerciante está haciendo es tratar de esconder el recargo que aplica por el pago tanto con tarjeta de débito como de crédito. Una forma sutil y menos agresiva de presentarlo.

Esto, como cualquier sobreprecio que se imponga por el pago por medios electrónicos, está prohibido por la Ley 25.065, conocida como "ley de tarjetas".

"En un pago no puede haber discriminación del valor. El precio es uno. Además, el uso de efectivo tiene otro fin, que es el de evadir impuestos" explicó Esteban Greco, titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

La norma, en su artículo 15, fija también las comisiones y los plazos de pago de las empresas emisoras de tarjetas a los comercios. En el caso del débito, es de 1,5% y, en el de crédito, de 3% como máximo sobre el valor final del producto, incluidos impuestos más un costo mínimo por el alquiler del posnet. En cuanto a los plazos, es de 3 días hábiles para los débitos y de 21 días para el crédito si se hace en un pago. En cuotas se reduce a 48 horas.

Cuando el comercio ofrece un descuento por pagar en efectivo está aplicando, en realidad, una tasa usuraria al comprador que, por desconocimiento o por no contar con los billetes a mano, opta por el pago electrónico.

Si se paga con débito una compra que si se hiciera en efectivo se conseguiría una supuesta "rebaja" de 20%, el comerciante estaría cobrando un interés del orden del 18% por los tres días hábiles que debe esperar para que la empresa emisora de la tarjeta le liquide el monto del dinero.

Con una comisión del 1,5% más el costo del alquiler de la terminal Pos, su pérdida sería del orden del 2% sobre el 20% que recarga.

Además, la práctica habitual es que cuando se fija el precio de un producto, el comerciante traslada al consumidor el costo de la comisión que le cobra la empresa emisora de la tarjeta. "En el precio de un producto está implícito el margen por el pago de débito o crédito" explicó Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio, según Ambito.

También las empresas de tarjetas juegan su parte. El pago a los comerciantes podría ser instantáneo, especialmente en los caso de débito. En el mismo momento de extraer el dinero al comprador se podría transferir, previo descuento de la comisión, el dinero al comercio. Los días que se toman para realizar esa intermediación del dinero es por un beneficio financiero.

Hay que tener en cuenta que, según la CAC, las operaciones de débito representan en el año un volumen de $200.000 millones y las de crédito, cerca de $700.000 millones.