"Muchas reuniones, tomamos café, nos atienden, vemos que hay buenas intenciones, pero nos vamos siempre con las manos vacías", así graficó un vocero gremial las discusiones con el Gobierno en torno a la situación en el puerto de Buenos Aires donde, estiman, se podrían perder unos 5.000 puestos de trabajo en forma directa. La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) viene reclamando que se derogue el decreto 870/18 aplicado durante la gestión de Mauricio Macri, donde quedaría una única terminal operativa en reemplazo de las cinco que está funcionando hoy en día.

El secretario General de la Federación, Juan Carlos Schmid, informó que "en noviembre del año pasado a un acuerdo Diego Giuliano, ministro de Transporte y su par de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, que marcaba el compromiso de derogar el decreto de Macri". Evidentemente la falta de resolución de los funcionarios colmó la paciencia de la dirigencia gremial, por lo que comenzaron a hablar sobre la aplicación de un plan de lucha.

Según las fuentes consultadas por iProfesional, "llegado a un punto donde, como los dirigentes sindicales, no queremos ya firmar ningún acta, porque las bases también observan que el tiempo pasa y no tenemos ninguna solución", agregando que "solo queremos que se cumpla lo que está firmado".

Se cumple con lo pactado o inician plan de lucha

Asimismo, explicaron que "frente a la actual situación, si Transporte y Trabajo no dan señales concretas de inician una acción que garantice los puestos de trabajo en el puerto, será irreversible la aplicación de un plan de lucha que el año pasado tuvo un acatamiento total" y remarcaron que "hasta ahora, ninguno de los compromisos que asumieron los ministerios se cumplieron".

Desde la Federación Marítimo-Portuaria sostienen que "el decreto sigue consagrando el esquema macrista instaurado para el Puerto Federal de la Nación" e indicaron que "una de las salidas es que queden dos terminales, pero esta es una decisión del Ejecutivo que debe llamar a una licitación".  

Informaron que "el decreto provoca, lisa y llanamente, el desguace del puerto y por tanto la pérdida de capacidad de manejo en el comercio exterior para el país, lo que genera además el riesgo de perder no solo empleo, sino otras fuentes de generación de trabajo". Hasta las terminales llegan los contenedores con diferentes productos, en una actividad que incorpora otros rubros, como los despachantes de aduana y los camioneros.

El gremio de marítimos busca reemplazar las cinco centrales operativas por sólo una.

Desarrollo de la industria naval y una Ley de la Marina Mercante

A propósito de la reunión de la CELAC de enero de este año, Schmid, expresó: "Creemos en la integración latinoamericana, pero esta no podrá alcanzarse si sostenemos la matriz asimétrica que promueve una integración vertical y dispar en términos de relación política y comercial". Recordó que en 2022 se llevaron a cabo dos medidas de fuerza, una el 21 de abril y otra el 4 de noviembre, la segunda para "solicitar que se conforme una mesa de trabajo y ejecución política que atienda ejes centrales referidos a la navegación interior, el desarrollo de la industria naval y la ley de Marina Mercante nacional e  impuesto a las Ganancias".

Las medidas de fuerza fueron suspendidas a raíz del dictado de la conciliación obligatoria, "pero las actas firmadas por Transporte fueron incumplidas con el compromiso gubernamental de derogar el decreto, dejando en claro que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace".

El también titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento y Adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) manifestó que "el ministro Giuliano también se había comprometido en fortalecer la Vía Navegable Troncal, para que sea más eficiente, productiva y federal, pero seguimos sin novedades para nuestra actividad".