Esta semana comienza un nuevo capítulo de la novela protagonizada por el Gobierno libertario y la Confederación General del Trabajo (CGT). Entre el lunes o martes, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicará la reglamentación de una parte del DNU 70/2023, que habilitará la libre elección de una obra social o prepaga por parte de los trabajadores y trabajadoras, al dejar sin efecto determinadas resoluciones que no lo permitían.

Al respecto, el secretario de Acción Social de la CGT y uno de los especialistas en la prestación de salud, José Luis Lingeri, remarcó que "los problemas de fondo del sistema de salud no lo van a solucionar las prepagas" y reclamó que "lo que hay que replantear es el Programa Médico Obligatorio (PMO)". También apuntó que "el gran problema para la actividad sigue siendo el de discapacidad que se lleva el 90 por ciento del Fondo Solidario de Redistribución".

El dirigente declaró a iProfesional que "las consideraciones las hago en base a lo trascendido en los distintos medios, ya que no tenemos el texto del decreto que se anuncia". Se estima que una vez publicado el decreto, se eliminaría la intermediación de las obras sociales y el empleado podría derivar los aportes directamente a las empresas de medicina prepaga.

Otra norma que dejará de tener validez es una que obliga a los trabajadores que "inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la Obra Social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio".

Avisan que la desregulación viene de la época de Menem-Cavallo

Lingeri explicó que "la desregulación ya estaba desde la década de los 90 en el Gobierno de Carlos Menem con Domingo Cavallo al frente del ministerio de Economía" y planteó que "lo de la libre elección elimina que el trabajador tiene que permanecer un año en su obra social de origen y ahora lo puede hacer durante el año en la nueva actividad en la que ingrese".

Agregó que "por otra parte, se incorpora la medicina prepaga en forma voluntaria; para eso, el trabajador se debería inscribir en el registro de obras sociales en la Superintendencia de Seguros de Salud y deben aportar el 20 por ciento al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)".

La CGT le advierte a Milei que la crisis del sistema de salud "no lo va a solucionar las prepagas"

El también secretario General del gremio de Obras Sanitarias (SGBATOS) sostuvo que "la eliminación de la triangulación que se hacía entre obras sociales y prepaga era un tema largamente reclamado por la CGT, que fue lo que llamábamos el famoso descreme" y añadió que "ahora el trabajador puede hacer directamente el aporte a la prepaga en caso que opte por esta, y una vez hecha la opción deberá permanecer un año en la misma".

Apuntan a los medicamentos de alto costo y a la asistencia por discapacidad

Lingeri advirtió que "lo que no está resuelto es el tema de los medicamentos de alto precio; los monotributistas que debería ser de carácter obligatorio y no voluntario para el grupo familiar, y los jubilados que opten por la obra social de la actividad el PAMI debería transferir la parte que le retienen a los jubilados" y reiteró su mirada en la asistencia por discapacidad "que se lleva el 90 por ciento del FSR", aclarando que "la medicina prepaga atiende a 6.000000 de personas (incluyendo a los que triangulan con las obras sociales)".

Avisó que "sin un replanteo del Programa Médico Obligatorio que defina reglas claras de cobertura y acceso a los servicios, la judicialización de la salud seguirá siendo distorsiva tanto para el financiamiento del sistema como para los resultados sanitarios".

Por último, Lingeri manifestó que "si el Gobierno cree que el problema de salud se soluciona dejando que esos 6.000000 opten por un prepago, no han dimensionado el estado actual de los temas como monotributo, jubilados, discapacidad y medicamentos de alto costo, ya que somos 46.000000 de argentinos y el problema de la salud no se soluciona permitiendo que esos 6.000000 que pueden pagar un prepago no tengan que ir obligatoriamente a una obra social".

Las obras sociales no son la "caja" de los sindicatos

Por su parte, el secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, afirmó que "las obras sociales no son la caja de los sindicatos" y aclaró que "en realidad funcionan subsidiadas por los aportes de los gremios para que puedan cubrir todas las prestaciones de salud".

Consideró que el sistema de salud de la Argentina es "único en el mundo", ya que está conformado por el sector público, el privado (las prepagas) y el sistema solidario de las obras sociales. Graficó que "los aportes provienen del salario de los trabajadores. En total es un 9 por ciento: 6 por ciento por parte del empleador, que va directo a las obras sociales, y otro 3 por ciento que pone el trabajador. Con eso se dan las prestaciones de salud a todos los trabajadores en relación de dependencia". Añadió que "el 3 por ciento va a un fondo de redistribución, que es lo que erróneamente llaman ‘la caja de las obras sociales’, o ‘lo que el gobierno le tiene que dar a las obras sociales’". 

La CGT detalló que los problemas son los medicamentos de alto costo, la asistencia por discapacidad y replantear el el Programa Médico Obligatorio

Sola subrayó que "El Estado no financia a las obras sociales; eso es un grave error, ya que son fondos de los trabajadores que se redistribuyen para casos de enfermedades de altísimo costo, como las oncológicas, HIV, enfermedades nuevas, que permiten que las obras sociales puedan ser compensadas a través de este sistema. Pero no es dinero del gobierno".

Puntualizó que "en realidad, el Estado administra dinero ajeno" y, respecto a los controles de la Superintendencia de Seguros de Salud sobre las obras sociales, indicó que "el poder político hace un control exhaustivo análisis sobre cómo los fondos que administran las obras sociales son llevados adelante", agregando que "las obras sociales tienen un límite para gastos de administración, no más del 7 por ciento".