La semana previa al balotaje de la elección presidencial se realizó el encuentro anual de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), donde el sector evaluó el último año del negocio y dejó registrada su agenda de reclamos para el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre.

La cita coincidió con los últimos días previos al balotaje presidencial del domingo, por lo que el tema sobrevoló las presentaciones de los referentes del sector y fue eje de conversaciones entre prestadores de servicios de Internet (ISP), proveedores de insumos, herramientas y materiales, y mayoristas de servicios de ancho de banda, entre otros.

El conjunto de empresas que interviene en el sector está pendiente de lo que vendrá a partir del día después del balotaje en términos de política y regulación. En la apertura del encuentro, el 15 de noviembre, el titular de CAPPI, Rodolfo Bianchi, fue explícito sobre las prioridades del sector.

Desde el palco afirmó: "el DNU 690", que declaró en 2020 a Internet como servicio público, "tiene firmada la sentencia de muerte. No creo que se prolongue muchos meses más. Esa es la lectura que hacemos desde la cámara, el decreto tuvo sentido inmediatamente después de la pandemia, pero ya no".

El adiós al DNU 690: ¿y después qué?

En efecto, el DNU 690 unió a todas las empresas del sector en su contra, sin importar tamaño o facturación, y más allá de sus diferencias históricas. El decreto, que se publicó a pocos de iniciada la pandemia de Covid-19, prohibió a las empresas aumentar las tarifas de sus servicios de telecomunicaciones, Internet y televisión por cable o televisión paga satelital.

Además, declaró esos servicios como públicos y obligar a las compañías a disponer de servicios a precios especiales para los sectores sociales de bajos recursos.

El Gobierno nacional licitó a fines de octubre las primeras frecuencias para prestar servicios de 5G .

La resistencia del mercado a esa medida fue de menor a mayor. Con el tiempo, las grandes operadoras consiguieron eludir la normativa a través de medidas cautelares del Poder Judicial, pero la situación no fue igual para las pequeñas y medianas empresas, que no fueron beneficiados por recursos de ese tipo y no pudieron ajustar sus precios con la misma frecuencia.

Bianchi consideró ante iProfesional que la primera medida, pensando en el futuro cercano, "sería sin lugar a dudas la eliminación del DNU 690 retrotrayéndonos a la situación anterior a su publicación".

¿Por qué preocupa el despliegue de 5G?

El empresario proyectó que el avance del despliegue de las redes de quinta generación (5G) de telefonía móvil será lento porque las "telcos" tienen que hacer un esfuerzo de inversión millonaria con una tarifa que se considera baja.

El Gobierno nacional licitó a fines de octubre las primeras frecuencias para prestar servicios de 5G a las tres principales operadoras del mercado: Telecom, Claro y Telefónica. En ese acto se abrieron los portales a la era 5G, pero el desarrollo que derivará en la prestación efectiva de los servicios de quinta generación es un misterio por razones económicas, políticas y hasta geopolíticas.

Para las pymes, el misterio es todavía mayor. Bianchi planteó que una segunda medida importante a tomar deberá responder "de qué manera se va a alcanzar a las pequeñas localidades y a las localidades rurales en las que todavía se está incumpliendo el desarrollo para 2G, 3G y 4G".

Según dijo, las empresas ven la posibilidad de acercarse a las "telcos" licenciatarias para tratar de empaquetar el servicio de un pequeño ISP para dar cobertura en un pueblo determinado.

Claro, Personal y Movistar ganaron la subasta de frecuencias de 5G.

Los cambios que las empresa quieren para el Enacom

Otro eje del reclamo político del sector apunta contra la administración del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y plantea reformas para modernizar los procedimientos que deben seguir las empresas.

También cuestiona la administración del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), una bolsa que se financia con aportes de las empresas que el Estado destina luego al fondeo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones de pymes o cooperativas.

Desde la mirada del titular de CAPPI el FFSU "debería manejarse de una manera más transparente, ya que encontramos que hay licenciatarios a los que les dan una licencia y fondos y no vemos que haya control real sobre el destino de ese dinero". El empresario destacó además casos de pymes licenciatarias que no reciben el dinero prometido.

Otra política requerida es una regulación para uso compartido de los postes que se utilizan para los tendidos de fibra o cables, que son la autopista que permite la prestación de estos servicios. El modelo que se aconsejó es el que se ejecuta en Mendoza, al que el referente destacó como viable para facilitar el desarrollo de las redes de fibra óptica en todo el país.

Internet: ¿habrá reformas en los próximos meses?

Tanto el candidato presidencial del oficialista Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, como su competidor por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, hicieron promesas de grandes reformas económicas y políticas para el día después del balotaje.

De los dos, el que propone reformas de perfil más disruptivo es Milei, cuyo horizonte político es liberar a la economía de las mayores restricciones posibles. En principio, en su plataforma electoral las referencias a las telecomunicaciones eran más bien pocas.

Javier Milei tiene una agenda a favor de los reclamos de las empresas.

Entre ellas hay una referencia al 5G con una promesa de "mejorar las comunicaciones allanando los impedimentos para la implementación" de esa tecnología. A fines de septiembre, en una carta dirigida al Poder Ejecutivo, el aspirante libertario a la presidencia pidió la inmediata revocación de la Resolución 1285/23 con la que se llamó a la licitación de frecuencias para 5G, con el argumento de que incurre en una "grave e ilegítima actuación" y compromete los recursos públicos más allá de la finalización de su mandato.

El texto era abundante en coincidencias retóricas con el empresariado de las telecomunicaciones. Entre otras cosas, consideraba a la subasta como de nulidad "indudable" por su potencial "perjuicio al sector privado", acusaba intencionalidad recaudatoria del Ejecutivo nacional, y desacreditaba aspectos de la medida como nuevas intromisiones en la actividad empresarial.

Las coincidencias se completaban con acusaciones adicionales de "inseguridad jurídica", infaltables en toda argumentación procedente del ámbito corporativo. Pero hubo un aspecto que resaltó: el planteo de que la 1285/23 no contemplaba la asignación de espectro disponible para 4G "necesario para atender en forma eficiente al crecimiento de las redes móviles actuales".

La especificidad de ese último reclamo contrastó con la generalidad que mostraba hasta ese momento el espacio de Milei en materia de telecomunicaciones. Habrá que ver, en el caso de una victoria de ese candidato, si en el ejercicio real del poder será posible avanzar con una agenda tan disruptiva en relación con el escenario de la actualidad.

En el caso de poder, la advertencia de Bianchi (ex candidato libertario en la ciudad mendocina de San Rafael) sobre el futuro del DNU 690, no tardará en convertirse en realidad.

Si el ganador de la contienda fuera Massa, se espera una renovación de las autoridades del Enacom, que podría impactar en el perfil de la regulación del sector. Trascendió en fuentes oficiales que las nuevas autoridades están definidas y el propio Massa reconoció que procurará cambios de la normativa vigente, pero a priori la contundencia de la promesa está unos cuántos decibeles debajo de la de su rival.