Las empresas de telecomunicaciones esperaban una señal contundente del nuevo Gobierno nacional y la promesa se cumplió con la publicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, firmado por el presidente Javier Milei. El mercado festeja el espíritu general de la normativa y sus alcances particulares.

Sin embargo, hay sectores que desde el miércoles se preguntan por qué no se aprovechó el envión para derogar el DNU 690/20, la medida del gobierno del ex Frente de Todos por la cual se declaró a la telefonía móvil y el acceso a Internet como un servicio público y que logró unir a grandes, medianos y pequeños jugadores del sector privado en una agenda común por primera vez en la historia.

La pregunta ardía en los grupos de WhatsApp en los cuales los empresarios de las telecomunicaciones y del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) comparten impresiones sobre la actualidad y miden el impacto de la política en sus negocios.

Entre los más sorprendidos estaban los proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés). En este segmento, que componen en su mayoría pequeños y medianos operadores de todo el país, arrastran años de malestar porque entienden que los gobiernos coincidieron en designar para los puestos claves a funcionarios políticos con poco o nulo conocimiento sobre el negocio.

En la campaña presidencial, la alianza La Libertad Avanza (LLA) fue clara en su rechazo al DNU 690 y enfatizó su promesa de desactivarlo rápidamente, en sintonía con la demanda del sector privado.

De ahí la sorpresa al ver que el DNU de Milei no tocó esa norma. Algunos interpretaron una continuidad política desfavorable con críticas a la nueva administración: "Todo lleva a pensar que tiene alto desconocimiento de la industria", afirmaron.

Javier Milei en la cadena nacional de su DNU de desregulación económica.

Una medida clave de Alberto Fernández que no derogó el DNU de Milei 

Si bien el DNU 690/20 impactó al mercado en general, las pymes resultaron las más desfavorecidas como consecuencia del control de las tarifas y las restricciones para importar, una combinación que repercutió en la caída de las inversiones en nuevas redes y en los planes de expansión territorial de las empresas.

Desde otras perspectivas, la cuestión de derogar el DNU 690 no era necesaria porque en los hechos el decreto se cumplió poco y nada. Las grandes operadoras, Telecom, Telefónica y Claro, lograron eludir de manera parcial las obligaciones de la norma gracias a medidas cautelares judiciales.

De hecho, en los últimos días del gobierno de Alberto Fernández, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 declaró la nulidad del decreto en respuesta a un pedido de Telecom.

Con el decreto superado de facto, hay quienes en el sector consideran que se lo podría haber derogado como una formalidad o un símbolo del cambio de época, pero también se entiende que la decisión podía esperar.

Otra interpretación es que el DNU de Milei apunta a la modificación de leyes que se consideran elementales para el nuevo proyecto político económico y que el DNU 690/20 podría ser anulado después por otro decreto.

Las operadoras dominantes cultivaron en general el perfil bajo y no hablaron del DNU de Milei. El sector está muy tranquilo y de acuerdo con la decisión de avanzar en un esquema con libertad de precios basado en el criterio de libre competencia como pregona el nuevo Gobierno nacional.

Héctor Magnetto, de Clarín, respaldó el DNU de Milei.

En particular, Héctor Magnetto, el director general ejecutivo del Grupo Clarín, suscribió un documento de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que respaldó en forma categórica las primeras medidas del gobierno nacional.

DNU de Milei: alcances de la desregulación y las privatizaciones

El grupo Clarín (Telecom), socio mayoritario de Papel Prensa, está entre los beneficiados directos por la derogación de la Ley 26.736 y la desregulación del mercado de pasta celulosa y papel. Pero los intereses son amplios, como las posibilidades de negocios que propicia el DNU de Milei.

El decreto derogó el Régimen de Propiedades del Estado y transforma a todas las empresas públicas en sociedades anónimas, como paso previo a la privatización. Esto reaviva la posibilidad de una venta de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), que agitó LLA durante la campaña electoral.

Para el ex secretario de Comunicaciones y ex vicepresidente de Arsat, Henoch Aguiar, la empresa es muy atractiva para las grandes operadoras, no en su dimensión total pero sí por sus activos más importantes, como la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) y su Centro de Datos.

"La Refefo -explicó Aguiar a iProfesional- tiene superávit operativo y llega a zonas no atendidas por el mercado con una lógica complementaria de la prestación del mercado. Habría que ver cómo se resuelve un tema el cambio de titularidad sin afectar el equilibrio de los prestadores entre sí, para que no sea objeto de un nuevo proceso de concentración".

Las medidas también eliminan la prohibición a las empresas de TV satelital de tener canales de TV y radios, lo que constituye un aval concreto a DirecTV, del grupo Werthein, de estrecho vínculo con el actual titular del Ejecutivo.

Los activos de Arsat seducen a los operadores por su alcance geográfico.

Con el DNU de Milei, Starlink de Elon Musk ¿será competencia o complemento?

La liberación de los servicios de Internet satelital equivale al ingreso triunfal del millonario Elon Musk al mercado argentino a través de su empresa Starlink; pero también puede suponer una ventaja para Telefónica y Claro, que podrían quedar habilitadas para ofrecer TV satelital en el país, según el análisis del investigador del Conicet, Agustín Espada.

La empresa del magnate sudafricano-estadounidense fue citada por Milei en el discurso que leyó en cadena nacional, y abrió varios interrogantes a futuro, entre ellos la oferta comercial de Starlink, las zonas en la que estará disponible y su posible impacto en el mercado argentino de Internet.

Para Aguiar, Starlink, por las características de su servicio, puede ser central para resolver demandas de conectividad rural y en territorios alejados de los centros urbanos, uno de los pendientes más importantes en la materia.

Desde ese punto de vista, la empresa de Musk "no viene a destronar a nadie sino a complementar", pero queda planteada la duda sobre lo que puede llegar a pasar en la práctica, con la nueva regulación mediante.

Otra duda que genera la propuesta de la empresa de Musk recae sobre la capacidad de su flota satelital en el largo plazo. "Los satélites de órbita baja tienen cinco años de duración y si no se reemplazan se cae el servicio", indicó Aguiar.