En Argentina, uno de cada tres hogares carece de una vivienda adecuada, lo que equivale a más de cuatro millones en una situación de déficit habitacional. Esta es la conclusión de un reporte del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), elaborado en colaboración con representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Techo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Diversas causas exponen la crisis habitacional que afecta al país, como la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado, gas o electricidad, además de viviendas en condiciones precarias y situaciones de extrema vulnerabilidad e incertidumbre para los inquilinos.

El estudio identifica como principal factor del problema la descoordinación entre la planificación política y la accesibilidad a viviendas, lo cual se refleja en el incremento de asentamientos informales (villas) en el país, que actualmente suman 5,687. Estos lugares presentan condiciones de vida más precarias, exponiendo a sus habitantes a múltiples riesgos.

Los datos del análisis indican que el 66% de los hogares carece de acceso a electricidad; el 90%, a agua potable; el 97%, a sistemas cloacales; y el 99%, a gas. Estas cifras provienen del último relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), realizado en 2022.

Además, el relevamiento subraya que el 32% de los hogares en peores condiciones reside en condiciones deficitarias en todo el país: 1.3 millones de ellos habitan viviendas compartidas, donde conviven dos o más hogares en una misma vivienda, mientras que 2.6 millones residen en viviendas que requieren ampliación y mejoras debido a la falta de acceso a servicios esenciales.

Contraer deudas para alquilar

Una parte del informe se enfoca en la crisis que afecta a inquilinos y propietarios en el mercado inmobiliario, tres años después de la aprobación de la ley de alquileres.

La situación es cada vez más crítica a tres años de la aprobación de la ley de alquileres

De acuerdo con el informe, el 20.7% de los hogares opta por alquilar su vivienda y, bajo las condiciones de la nueva ley, enfrenta dificultades para cubrir los costos.

Luego de analizar la situación, los expertos han desarrollado una serie de recomendaciones de políticas públicas que creen que podrían resolver el conflicto, y esto se produce a solo dos semanas de las elecciones primarias.

Entre las propuestas, se destaca la necesidad de implementar una normativa de ordenamiento territorial, mejorar integralmente las viviendas, establecer un programa nacional de alquiler asequible, garantizar la sostenibilidad en los procesos de integración socio-urbana en asentamientos informales y promover soluciones habitacionales temporales en situaciones de emergencia.

Según el relevamiento, el 32% de los hogares inquilinos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destina más de la mitad de su sueldo al pago del alquiler, mientras que el 60% de los inquilinos enfrenta aumentos que exceden lo permitido por la ley de alquileres.

El mismo informe señala que más de 2 millones de hogares en Argentina alquilan su vivienda, y entre 2010 y 2022, el porcentaje de hogares inquilinos aumentó del 16% al 20% a nivel nacional (según datos proporcionados por el INDEC en 2022).