El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este domingo que aumentará el piso del Impuesto a las Ganancias a $330.000, medida que regirá a partir de noviembre.

La última vez que se actualizó el piso del tributo fue en junio, cuando pasó de $225.937 a $280.792 para el salario bruto de un trabajador en relación de dependencia.

"El adelanto de lo que llamamos modificación del mínimo no imponible está decidido. Vamos a estar subiendo el piso a partir del 1 de noviembre. Va a estar arriba de los $330.000″, señaló Massa en declaraciones radiales.

Ganancias: cuánto debería subir el piso del impuesto

Al respecto, César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, advirtió que "el nuevo piso que anunciaron no resuelve los problemas de los trabajadores. Deben reformularse, de manera prioritaria, todas las deducciones personales y actualizar los montos de las escalas de alícuotas, también equiparar a los autónomos".

En tanto, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Consultores, aseguró que debería hacerse una reforma integral del impuesto a las Ganancias, que contemple actualizaciones automáticas trimestrales y que tengan en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según cálculos de Dominguez, durante el período de marzo a agosto, el RIPTE aumentó el 28,37%, por lo que la remuneración bruta no sujeta al impuesto a las Ganancias se debería fijar en $360.452 y se debería tomar el mismo parámetro para determinar el aguinaldo exento.

Otro sería el caso si se tiene en cuenta el valor del sueldo bruto promedio por la variación del IPC de septiembre 2022 respecto a octubre 2021, ya que arroja como resultado que no se debería tributar ganancias por sueldos brutos hasta $400.744.

"Los empleados que tienen remuneraciones superiores y no encuadran en esas deducciones especiales incrementadas, sufrirán mayores retenciones del impuesto a las ganancias por el efecto de la inflación y no por haber incrementado su capacidad contributiva", explicó Domínguez. Y remarcó: "Lamentablemente, el Congreso es quien debería modificar la ley y no que las actualizaciones queden en manos del Poder Ejecutivo, que podría realizarla discrecionalmente y con fines políticos, especialmente en un año electoral como 2023″.