En tiempos turbulentos, la licitación de espectro radioeléctrico para la quinta generación (5G) de tecnologías de telefonía móvil es poco menos que un oasis para el Gobierno nacional, porque significará el inicio hacia la nueva era de la conectividad durante su gestión.

Además, representa un bálsamo económico porque supone la llegada de refrescantes u$s1.050 millones, que resultan cruciales en el contexto de la crisis cambiaria y financiera que atraviesa la economía nacional, y del oxígeno que necesita la propia administración para el último tramo de la carrera presidencial.

Después de varios intentos de impugnación del proyecto oficial, las empresas participaron del proceso y ahora esperan por la licitación que, según informó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en un comunicado el 11 de octubre, se realizará el 24 de octubre en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires.

El ente regulador también reportó que las empresas que se presentaron interesadas por una porción de espectro son Telecom, Telefónica y Claro, las tres compañías grandes del mercado.

Era previsible que fuera de esa manera. En la Resolución 1585 del 28 de agosto, el organismo informó que se subastará la porción de espectro comprendida entre los 3.300 MHz y los 3.600 MHz de la banda de 3,5 GHz, y que esa porción estaría dividida en tres lotes de 100 MHz valuados en u$s350 millones cada uno.

Después de la publicación de esa normativa, se abrió paso una negociación en la que el Estado pujó por el avance de la licitación en los términos que se proponían en la resolución. 

El Enacom anunció que el 24 de octubre será la subasta de 5G.

5G: ¿con la subasta cierra o empieza un ciclo?

Las empresas presionaron para bajar el precio del espectro, para que se deje sin efecto la obligación de un servicio especial para sectores de bajos recursos y para que la empresa estatal de telecomunicaciones Arsat no reciba una porción de 100 MHz a título de reserva estratégica y en forma gratuita.

En el medio de ese tironeo, circularon versiones de posibles ingresos de otros actores importantes del mercado presuntamente interesados en conseguir una parte del espectro. Se habló de los grupos América y Telecentro.

Pero el regulador confirmó al final que la fecha límite para presentarse como interesado llegó sin la aparición de nuevos jugadores, por lo que el 24 de octubre, dos días después de las elecciones nacionales, las tres grandes operadoras pagarán el precio base de u$s350 millones para quedarse cada una con un lote, lo que sumaría en total los u$s1.050 millones ponderados en el comunicado del Enacom.

Después de que el Gobierno nacional lanzó la licitación el 28 de agosto, las empresas de telecomunicaciones se manifestaron en disidencia de diferentes maneras, a veces a título propio, otras por medio de entidades representativas a nivel local o regional.

Las firmas participaron al final, por cuestiones estratégicas, en el proceso que desembocará en la atribución de espectro dentro de unos pocos días. Sin embargo, mantienen firme su agenda de reclamos, con el rechazo total al DNU 690/20, que declaró el acceso a Internet, telefonía móvil y cable como servicios públicos esenciales, como punta de lanza, y un lugar especial para 5G.

Tras la presentación de las tres grandes empresas a la licitación y un día antes de que se oficializara la fecha de la subasta, la organización GSMA, que nuclea a las compañías que conforman el ecosistema móvil, difundió el documento titulado "El camino hacia una Argentina digital y conectada" con cuatro recomendaciones para el gobierno que vendrá.

El despliegue de 5G requerirá entre cinco y diez veces más antenas que 4G.

5G: planteos por menos impuestos y más reformas

La primera recomendación es avanzar hacia una política de espectro "enfocada en maximizar la conectividad", que tenga en primer lugar el objetivo de potenciar la cuarta generación (4G) y concretar 5G sobre la base de "reducir los costos de las licencias de espectro para adecuarlos a la coyuntura macroeconómica". Esta afirmación adelanta que el precio base del espectro seguirá siendo un reclamo sectorial en la etapa política que se avecina.

En el caso de que se imponga una fuerza política opositora, la demanda podría tener viabilidad, si se consideran las manifestaciones de los candidatos Javier Milei, de La Libertad Avanza, y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, sobre temas de agenda de este sector de la economía.

"Se precisa una hoja de ruta con visión de medio plazo y transparencia y previsibilidad en los procesos de licitación y renovación -considera el informe-. Es clave revisar la decisión sobre el destino de los 1200 MHz en la banda de 6 GHz. Utilizar 700 MHz de ese espectro para servicios móviles licenciados es vital para cubrir los requisitos de expansión del 5G".

El segundo consejo es sobre infraestructura digital y plantea que 5G requerirá entre cinco y diez veces más antenas que 4G, por lo que el país necesitaría un plan federal que "simplifique y agilice los permisos para instalación a nivel municipal, provincial y nacional".

También recomienda evaluar "la falta de resultados del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) y repensar sus proyectos y base de contribución es esencial para llevar la digitalización a zonas remotas y carenciadas".

Además, se manifiesta a favor de un proceso de licencias automáticas para la importación de insumos tecnológicos esenciales para el desarrollo de 5G y la capilaridad de las redes de fibra óptica.

Las empresas abogan por un tratamiento fiscal diferenciado para la inversión en redes 5G.

El tercer consejo para el próximo Gobierno nacional es sobre política fiscal. Propone que se elimine el impuesto interno a los equipos de telefonía móvil y las tasas específicas para el sector para reducir la proporción de personas que no se conectan por falta de dispositivos.

En la misma línea, aboga por "un tratamiento fiscal diferenciado para la inversión en redes 5G" que redunde en un despliegue más rápido de la tecnología en cuestión. Por último, reitera la demanda de reformas al marco normativo con el argumento de que instrumentos como el Decreto 690/20 afectaron en la certidumbre jurídica del negocio.

"En un momento de crisis económica, el próximo gobierno tendrá en sus manos el futuro de una tecnología que puede genera al país una contribución económica de u$s8.000 millones", advirtió en el informe el director de GSMA para América Latina, Lucas Gallitto, y dejó en claro que, más de allá de anuncios y formalidades de coyuntura, para el sector privado la cosa recién empieza.